Los partidos políticos no están dispuestos a que les pongan una multa por incumplir la nueva ley de financiación. Al menos así se desprende en el BOE del 23 de octubre, que indica que las sanciones por incumplir esta norma prescriben en cuatro años. Eso hace casi imposible que vayan a ‘pagar’ por estas infracciones, ya que el Tribunal de Cuentas, encargado de este tema, lleva un retraso de cinco años.
Las formaciones políticas han hecho una norma a su medida. La reforma de la ley de financiación de partidos, que en su nuevo articulado permite al Tribunal de Cuentas imponer sanciones si se cometen infracciones ‘muy graves’, como aceptar donaciones por encima del límite, no presentar las cuentas sin justificación o superar el límite de gasto electoral, impide no obstante que se puedan efectuar dichos castigos.
Concretamente, la norma dice que “el plazo de prescripción de las infracciones será de cuatro años, a contar desde el momento de la comisión de la infracción”, aunque si se atiende al hecho de que el Tribunal de Cuentas mantiene un retraso de cinco años en sus informes de fiscalización (el último corresponde a 2007) en los que estudia la financiación de los partidos, en la práctica todas las posibles sanciones habrán prescrito.
Todos los partidos con representación se beneficiarán con esta reforma, lo que explicaría el apoyo con el que contó en su votación en el Congreso, donde fue aprobada con 308 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones.
El retraso en el trabajo del Tribunal de Cuentas es clave en este asunto, recoge 20minutos, ya que a pesar de que cuenta con 906 empleados este personal es “escasísimo” para llevar al día las auditorías. Algo a lo que tampoco se pondrá remedio en los próximos meses, ya que el gasto del Gobierno en “control externo del sector público”, es decir, en la supervisión de la financiación de los partidos, cae un 1,27% en 2013.
No obstante, pese a las dificultades que existen para que los partidos cumplan las sanciones si se saltan la ley, siempre quedará la vía judicial para que posibles infracciones y delitos no queden impunes. En este sentido, la futura reforma del Código Penal añadirá tanto a formaciones políticas como a sindicatos dentro de la lista de personas jurídicas con responsabilidad penal por delitos contra la Hacienda Pública.
