Situación incómoda en la que se encuentran Caja España-Duero y Caja 3, obligadas respectivamente por Unicaja e Ibercaja a aceptar unas condiciones desventajosas en las fusiones que están negociando. La otra alternativa, ser nacionalizadas por parte del Banco de España, procesos que traerán aparejadas unas reestructuraciones aún más severas.
En esa línea, Caja 3, surgida de la fusión de CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz, deberá despedir a 592 trabajadores, casi una cuarta parte de su plantilla, si quiere seguir adelante con el proceso de integración con Ibercaja. Al menos así se lo ha comunicado a los sindicatos la dirección, que advierte que, en caso contrario, la entidad acabará siendo nacionalizada y el ajuste será aún mayor.
Deberá haber un acuerdo laboral antes del 20 de diciembre, fecha límite para que Bruselas apruebe el plan de reestructuración y recapitalización de la entidad. Las cifras presentadas por la cúpula a los sindicatos contemplan 592 despidos, esos sí, con unas indemnizaciones de entre 28 y 30 días por año trabajado, con un tope de 18 mensualidades, más generosas de lo que contempla actualmente la reforma laboral. Caja 3 cuenta actualmente con 2.573 trabajadores, por lo que el recorte será casi de una cuarta parte de la plantilla.
En el principio de acuerdo alcanzado para la fusión de Ibercaja y Caja 3, la entidad que preside Amado Franco ya avisaba de que la operación estaba “condicionada a la aprobación de las ayudas públicas solicitadas por Caja 3”. En ese sentido, avisaba de que “las obligaciones” que pudiesen imponer las autoridades con motivo de haber recibido apoyo financiero del FROB, afectarían “exclusivamente a Caja 3”.
Si finalmente sale adelante el proceso, Ibercaja controlará un 87,5% del nuevo banco, y Caja 3 un 12,5%. El banco de CAI, Caja Círculo y Caja Badajoz necesita 779 millones de euros para cumplir con el test de estrés de Oliver Wyman, que no puede conseguir por sus propios medios.
En una situación muy similar se encuentra Caja España-Duero, que necesita 1.269 millones de euros si no sale adelante su fusión con Unicaja antes del 20 de diciembre. La única opción que tiene Caja España-Duero para evitar una inyección de ayudas públicas pasa por la fusión con la entidad que preside Braulio Medel, que lleva aplazada más de un año.
La entidad andaluza estaría presionando, según apuntan los rumores del mercado, para que la castellana ceda sus activos inmobiliarios tóxicos al ‘banco malo’ y sólo posteriormente se integre con Unicaja, con un peso inferior al pactado inicialmente. La intención de la entidad que preside Braulio Medel es hacerse con al menos un 90% de la futura entidad, cuando el acuerdo inicial entre ambas, alcanzado en verano de 2011, otorgaba una participación del 70% para Unicaja, por el 30% para Caja España-Duero.
No obstante, la transferencia de activos al ‘banco malo’ sería considerada por Bruselas ayuda pública, por lo que la Comisión exigirá una reestructuración. Sin embargo, será menor que si la entidad es nacionalizada. En ese caso, la entidad castellana podría verse obligada a acometer un ajuste de plantilla que afectaría a 1.200 empleados, casi una cuarta parte de los 5.000 que tiene actualmente.
En su momento, la fusión de Caja España y Caja Duero, que recibió hace dos años 525 millones a través de un préstamo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya vino acompañada de un expediente de regulación de empleo (ERE) de 846 trabajadores.
