La preocupación se ha instalado entre los ciudadanos de La Habana que desde el pasado 28 de julio sufren el cierre de los principales centros comerciales de la ciudad, a los que acuden a comprar alimentos en pesos convertibles. Aunque las autoridades aseguran que el cierre de estos establecimientos, que ahora pasarán a depender de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se debe al ajuste de los inventarios, muchos piensan que detrás de esta explicación se esconde una subida en el precio de los productos.
Los cierres han afectado de forma significativa a las tres grandes superficies que se encuentran en el barrio de Miramar, donde se concentra la mayor parte de diplomáticos y empresarios extranjeros que viven en la Isla.
Radio Bemba llegaba llena de rumores sobre que el motivo de esta situación era la realización de inventarios. Luego se habló de la escasez de existencias en centros tan concurridos como La Copa, Esquina A 42 y el conocido como Histórico Hipermercado.
Sin embargo, las lenguas más rápidas de la ciudad creen que el cierre de estos comercios se debe a una mezcla entre una severa inspección a los responsables de estos establecimientos, y los malos acopios de Cubalse, propiedad de las Fuerzas Armadas del país.
Los almacenes pasarán a manos de la cadena de Tiendas de Recaudación de Divisas (TRD) Caribe, dependientes del conglomerado turístico Gaviota (hoteles en ocho polos turísticos de la Isla, restaurantes, marinas, alquiler de automóviles y empresa aérea), que los militares administran.
Su disolución, a ejecutarse a los 90 días, fue dispuesta por Raúl Castro mediante una resolución el 26 mayo, con el objetivo —según dijo el gobierno entonces— de reducir gastos, incrementar el poder de negociación y «concentrar la gestión de las entidades que prestan servicios, en interés de realizarlo con mayor eficiencia y garantía».
Cubalse administraba además gasolineras, restaurantes, cafeterías, venta de automóviles, clínicas para mascotas, renta de casas a extranjeros o diplomáticos y contratación de personal local para embajadas, entre otras actividades.
La corporación fue fundada en 1962 con el objetivo de «recuperar bienes para el pueblo», como se llamó al proceso por el cual el Estado confiscó muebles, joyas y arte valioso a los antiguos propietarios, con el pretexto de destinarlos a uso social.
