El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró hoy que los médicos y sanitarios que objeten a la futura Ley del Aborto estarán cometiendo un acto de “desobediencia civil”, ya que quién debe permitir ese derecho es “el único organismo constitucional que puede regular los derechos fundamentales de los ciudadanos”, refiriéndose a las Cortes Generales. Según Caamaño, “en nuestro país no hay más objeción de conciencia que la establecida en la Constitución, y la aprobada por las Cortes”.
Caamaño utilizó la sentencia de Educación para la Ciudadanía para asegurar que “no cabe la objeción de conciencia”. “Las ideas personales no pueden excusarnos del cumplimiento de la ley, porque si no, nos llevaría en muchos temas a la desobediencia civil”, explicó. En este sentido afirmó que “allí donde no haya una ley que lo permita, estoy con el Tribunal Supremo, y con sus sentencia sobre EpC”.
El ministro de Justicia remarcó que los 16 años marcan la mayoría de edad sanitaria en España “y en la mayoría de los países de nuestro entorno”, para justificar la posibilidad de que las jóvenes menores de esa edad puedan abortar sin el consentimiento paterno. “¿Por qué no puede serlo para este tipo de prácticas si lo es para otro tipo”, se preguntó a la vez que aseveró que “a la confianza no la sustituye el Derecho”. Como ejemplo explicó que “el Derecho regula el matrimonio, pero no el amor”.
Caamaño quiso defender la constitucionalidad del anteproyecto de ley, ya que “no recoge ningún elemento excepcional o distinto a los recogidos por otros países occidentales”. También quiso explicar que le “preocupa mucho” que la obligación de una autorización de los padres pueda llevar a una menor a un “servicio sanitario no homologado y sin la calidad de un sistema público”.
En referencia a la posibilidad de negociación en las Cortes, el ministro se mostró abierto a que se pueda establecer “alguna modulación”, citando el modelo francés, que obliga a la menor a ir acompañada de un adulto, “aunque en todo caso puede ser su novio y no su padre”. Finalmente, defendió que las menores de 18 que quieran abortar tengan que recibir “refuerzos de información” en el sistema sanitario.
