Las cajas de ahorros, ante la necesidad de reforzar sus ratios de solvencia, encaran 2010 con el objetivo de vender los inmuebles adjudicados durante el año por los impagos de sus deudores. La venta de estos activos se ha convertido una alternativa para mejorar las bases de capital ante la lentitud del proceso de reestructuración del sector, enfangado por las interferencias de los Gobiernos autonómicos, la suspicacia de los sindicatos y los propios intereses particulares de las entidades.
Entre las mayores urgencias que presentan las cajas, está el hecho de dar salida a los activos inmobiliarios que han adquirido como colateral de los impagos de deudores, en un entorno que se presenta especialmente difícil para 2010. A lo largo de los últimos doce meses, el sector financiero, y en especial las cajas de ahorros, se han adjudicado activos por valor de 8.500 millones de euros.
Según las últimas cifras hechas públicas por el Banco de España, en el mes de octubre la mora del sector financiero español se situó en el 4,99%, casi el doble que el 2,62% de hace un año. En este aspecto, las cajas están peor que los bancos. Estos tienen un ratio del 4,59% frente al 5,26% de las entidades de ahorro.
Ya en el primer trimestre del año, las cajas de ahorros medianas agruparon, a través de Ahorro Corporación, sus activos inmobiliarios en un fondo (Ahorro Corporación Soluciones Inmobiliarias o ASCI) encargado del asesoramiento, la gestión y la comercialización de activos inmobiliarios.
Caja Madrid, al margen del proceso de reestructuración por la pugna política por el poder en sus órganos de gobierno, ha anunciado que de enero a septiembre vendió 600 inmuebles por una valor de unos 100 millones de euros. Su cartera inmobiliaria está valorada en unos 1.000 millones de euros, y la caja intenta darle salida a través de una página web creada en exclusiva para ello.
Más entidades de ahorro se han sumado a esta moda, con ofertas muy agresivas que ofrecen fuertes descuentos frente al precio de mercado, lo que ha conllevado críticas del sector promotor por competencia desleal.
Otra estrategia que han llevado a cabo las cajas ha sido la creación de Sistemas Institucionales de Protección (SIP), un modelo híbrido de fusión que permite a las entidades que se unen reforzar su solvencia sin la necesidad de perder su naturaleza jurídica e independencia.
Mediante este sistema, las entidades intentan esquivar las “sensibilidades territoriales” de sus autonomías. Sin embargo, podría no ser suficiente para evitar el veto de los gobiernos regionales. La Junta de Castilla y León aprobó recientemente una nueva ley que le otorga el derecho a veto en estos procesos, lo que pone en entredicho la unión final de Caja Burgos a la fusión fría iniciada por CAN, CajaCanarias, Sa Nostra y la propia entidad castellana.
