El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha admitido por primera vez la necesidad de congelar el sueldo a los funcionarios para cumplir con el compromiso de reducir el déficit hasta el 3% en 2013. Ocaña señaló que, aunque no es lo principal, “sí está sobre la mesa” el revisar con los sindicatos el acuerdo salarial de los empleados públicos, firmado el pasado 25 de septiembre y que contempla un incremento salarial del 0,3% este año.
El secretario de Estado de Hacienda explicó que el objetivo del Gobierno es reducir en un 4% el gasto que supone el funcionariado público. Este objetivo se logrará, según Ocaña, con el acuerdo salarial y con el recorte en el empleo público anunciado previamente.
Por otra parte, Ocaña adelantó que en 2009 el Estado gastó el doble de lo que ingresó a causa de las medidas para reactivar la economía, el aumento del desempleo y la caída de la recaudación fiscal, que se redujo un 17,1%. Esta situación disparó en 2009 el déficit del Estado hasta los 99.785 millones de euros, lo que supone el 9,49% del PIB, según adelantó hoy el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en rueda de prensa.
Unos datos que coinciden con las previsiones de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, cuando a finales de enero, durante la presentación del plan de austeridad, adelantó que el déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró el año pasado en el 11,4% del PIB.
El año pasado se registraron 205.714 millones de euros en gastos, un 24,1% más de que el año anterior, mientras que los ingresos no financieros alcanzaron los 105.929 millones de euros, un 21,6%.
A pesar de estos datos, Ocaña confió en que el Gobierno pueda cumplir los compromisos adoptados con Europa y reducir el déficit hasta el 3% en 2013. No obstante, recordó que si las comunidades autónomas no participan de los planes de consolidación fiscal y reducción de gastos, no se conseguirá este objetivo. Por este motivo, el secretario de Estado advirtió a las comunidades que a partir de ahora el Gobierno será más “riguroso” a la hora de autorizar emisiones de deuda de las regiones. Precisamente, el viernes pasado aprobó nuevas emisiones a seis autonomías, entre ellas Madrid y Andalucía.
