Las declaraciones de miembros del Gobierno venezolano sobre el magistrado Eloy Velasco y las palabras de Zapatero elogiando la valentía de Garzón han llevado al CGPJ a aprobar una declaración institucional en la que se exige respeto a la independencia de jueces y tribunales.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy una declaración institucional en la que exige “el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles”. El comunicado no cita en ningún momento ni al juez Velasco ni a Baltasar Garzón pero sí aclara que la declaración se produce a consecuencia de “las informaciones, comentarios y opiniones que, en los últimos días, vienen produciéndose relativos a determinadas actuaciones judiciales que se siguen en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional”.
De esta manera, se refiere de manera indirecta no sólo al respaldo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sino a las declaraciones del ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que acusa al juez de la Audiencia Eloy Velasco de estar vinculado a “lo peor del PP” y a “la mafia” del ex presidente José María Aznar, que no han gustado nada al Poder Judicial. Estas últimas manifestaciones también han sido criticadas por la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien ha calificado de “inaceptable” que se insulte “ a ningún representante del PP” y al ex presidente Aznar. Respecto a Garzón, recordó su labor en la lucha antiterrorista.
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha acusado a Zapatero de presionar al Supremo al apoyar pública y explícitamente a Garzón, que se enfrenta a tres querellas en su contra en el Alto Tribunal. Rajoy reconoció que le “hubiera gustado” que el jefe del Ejecutivo “apoyara al juez Velasco, que ha sido insultado por el presidente de Venezuela”.
En este sentido, recordó que el juez de la Audiencia, quien apunta a que el Gobierno de Hugo Chávez podría colaborar con ETA, “ha dictado un auto en el ejercicio de su independencia”. Al respecto, el PP ha informado de que Rajoy ha cambiado la pregunta que tenía previsto hacer al presidente en la sesión de control del miércoles sobre el déficit y finalmente le interrogará sobre “qué medidas piensa adoptar el Gobierno tras las últimas noticias de nuestras relaciones con Venezuela y Cuba”.
El juez del Supremo Luciano Varela, que instruye la querella contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, ha comunicado hoy que Falange Española de las JONS ha entregado la fianza de 6.000 euros que se le había exigido para poder ejercer como acusación popular en la causa. Falange tendrá representación letrada propia, al margen de las otras dos acusaciones (Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad).
Las asociaciones conservadoras de jueces se han unido a las críticas del PP a las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre Baltasar Garzón. El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García Jiménez, en declaraciones a Radio Euskadi, calificó las declaraciones de “una irresponsabilidad absolutamente supina”, recordando que el magistrado de la Audiencia Nacional se enfrenta a tres querellas en el Supremo. Una opinión que ha respaldado la Francisco de Vitoria.
Por contra, el portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa, en declaraciones a EL BOLETIN, ha defendido las palabras del jefe del Ejecutivo. “Zapatero se ha limitado a ejercer su libertad de expresión, ni por asomo intenta influir”. Por este motivo, Espinosa ha considerado “injustificada” la alarma que han creado el resto de asociaciones de jueces y ha recordado la buena imagen que Garzón tiene entre la sociedad y en el exterior.
La querella que nunca existió
El 20 de octubre del año pasado, la Junta del Colegio de Abogados de Madrid acordaba presentar una querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por haber ordenado escuchas de conversaciones entre los principales imputados del ‘caso Gürtel’ y sus abogados durante su estancia en prisión. Esa querella no llegó a presentarse nunca. Fuentes jurídicas consultadas por EL BOLETIN señalan que esa decisión no tenía precedentes y que había sido una sorpresa en el mundo judicial. Estas mismas fuentes atribuyen la curiosa decisión de la Junta del Colegio de Abogados a numerosos intereses de varios de sus miembros, que forzaron a ese acuerdo.
Así, por ejemplo, recuerdan que el vicedecano de este Colegio es Luis Rodríguez Ramos, letrado de un imputado en la causa: el ex diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco. Otro de los abogados presente en la Junta, comentan estas fuentes, es Francisco García-Mon, vinculado al ex presidente del Gobierno José María Aznar A este Colegio también pertenece el abogado de Francisco Correa, José Antonio Choclán.
A pesar del acuerdo de esa junta, que era compartido por muchos abogados pertenecientes al Colegio madrileño, la querella nunca se presentó ante los tribunales. La denuncia la presentó a título personal el abogado de Pablo Crespo, Ignacio Peláez, ante la indecisión del Colegio de Abogados, que finalmente solicitará su personación en esta causa. Por el momento, el Tribunal Supremo ya ha aceptado que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, se persone en el procedimiento.
