El Consejo de Ministros ha acordado hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la Generalitat Valenciana que avala los derribos del barrio del Cabanyal aprobados por el Ayuntamiento de la capital del Turia.
Así lo ha confirmado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa en la que explicó que el Gobierno valenciano “menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio de patrimonio histórico que corresponden al Estado”. Esta decisión ya se preveía, ya que el delegado del Gobierno en esa comunidad, Ricardo Peralta, ya lo adelantó ayer.
La reacción del Ejecutivo que preside Francisco Camps no se ha hecho esperar. Su portavoz, Paula Sánchez de León, criticó la decisión del Gobierno de recurrir el decreto regional del pasado mes de marzo con Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia al señalar que “los valencianos nos preguntamos por qué esta constante del Gobierno de Rodríguez Zapatero de perjudicar los intereses” de la Comunidad, y se mostró convencida de que el Ejecutivo central “no hubiera hecho lo mismo con una ley catalana o con un plan urbanístico catalán”.
