La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que su partido va a presentar la semana que viene una proposición no de ley en la Cámara baja para ordenar el sector público en el ámbito estatal, autonómico y local para evitar duplicidades.
Como ya anunció EL BOLETIN, los populares no compartían la idea de José Luis Rodríguez Zapatero de reducir el salario de los trabajadores públicos y no actuar ante la casi decena de embajada y oficinas que tanto el Estado como las administraciones autonómicas tienen en lugares como Miami.
Ante esto, y dentro del plan de ajuste del déficit público del PP, los populares buscarán la complicidad del resto de los grupos parlamentarios para sacar adelante una reordenación del sector público.
La decisión del PP de presentar ahora esta iniciativa puede parecer interesada para contrarrestar los anuncios del presidente del Gobierno, algo ante lo que Saénz de Santamaría ha asegurado que el PP registró esta proposición el pasado 23 de abril, semanas antes de que Zapatero hiciera su anuncio.
En este plan de austeridad, los populares también han incluido la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con unos nuevos techos de gasto que permitan “a corto, medio y largo plazo” recuperar la disciplina en las cuentas públicas. Con estas iniciativas, el PP trata de que el Gobierno deje de lado anuncios que “no son adecuados” en democracia, como congelar las pensiones “por decreto-ley” y no debatirlo en la Comisión del Pacto de Toledo.
Precisamente, la votación de estas medidas y la posibilidad de que se tramiten vía decreto-ley ha sido tratado por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. El nacionalista catalán ha señalado la posibilidad de que su formación -integrada por diez diputados en el Congreso- se abstenga a la hora de votar el plan de ajuste del Gobierno. Duran ha insistido en que lo que toca ahora no es congelar las pensiones ni reducir los salarios, sino fomentar el aumento de ingresos a través del empleo.
Ante toda esta polémica, el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, ha pedido “responsabilidad” a los partidos políticos en lo que ha calificado de unas medidas “necesarias” y que se enmarcan en el contexto de la UE.
