El Gobierno manifiesta una casi inverosímil capacidad de incomprensión sobre lo que ocurre en los mercados financieros y lo que sus actores demandan a España. La existencia, y persistencia, de un montón de cajas de ahorro indomesticables, que intentan asegurarse para el futuro el mantenimiento de sus zonas de influencias, sus sistemas de negocio, sus altos cargos y los sueldos crecientes de ejecutivos y consejeros, es determinante para la evaluación a la que se somete a las finanzas del país, sobre todo porque se trata de entidades en mala situación.
O quizá porque, muchas veces se sabe muy poco de sus balances reales, aunque representan el 50% del sistema bancario. Desde luego, la piedra de toque de las exigencias de los mercados no se relaciona con el trasunto de reforma laboral que no se ha pactado después de que durante dos años, sindicatos, patronal y Ejecutivo negocien más bien el titular final con que tal pacto aparecerá en los medios para enmascarar que se recortan los gastos de despido, por más que las elevadas cifras de paro hagan patente que aquí es fácil recortar las plantillas.
