El primer ministro portugués, José Sócrates, ha esperado dos meses para pronunciarse sobre la oferta de Telefónica por el control de Vivo, la operadora brasileña que comparte al 50% con PT. El Estado votará en contra en la junta que celebrará mañana la compañía portuguesa, una decisión sorprendente. ¿Por qué rechazar una operación que podría suponer al Tesoro luso una inyección de nada menos que 474,5 millones de euros si la compañía reparte entre sus accionistas por medio de un dividendo especial los 6.500 millones que pagaría Telefónica? Es la cantidad que se corresponde con el 7,3% que posee la entidad pública Caixa Geral de Depósitos.
Es decir, una suma equivalente a la cuarta parte del plan de ajuste presupuestario que aprobó el Gobierno luso para contener el elevado déficit público del país y que supondrá un gran esfuerzo para los ciudadanos del país que se han visto castigados con subidas de impuestos en plena crisis económica. Quizá la explicación esté en el poder que acumulan algunas familias bien relacionadas con los partidos políticos y la Iglesia.
