La instrucción del ‘caso Brugal’, una presunta trama de corrupción vinculada a la adjudicación de unos contratos de gestión de recogida de basuras, sigue su curso. Más o menos accidentado. El viernes, el juez ha imputado a tres concejales de Orihuela del grupo municipal del PP, por los presuntos delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios. El día anterior, el líder de los populares alicantinos, y también presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, había recibido la misma noticificación del tribunal, aunque con un presunto delito más, el de revelación de secretos.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela ha citado a primera hora de la mañana a los tres concejales del PP de esta localidad detenidos en la trama de corrupción vinculada a contratos de basura. Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía han sufrido el mismo destino que Ripoll y han visto cómo el juez les ha imputado cuatro delitos, uno menos que el presidente provincial al que sí acusa de revelación de secretos.
Según pasan los días el cerco judicial en torno al líder de los zaplanistas y sus seguidores se reduce gracias a los esfuerzos que se hacen desde el seno de la Generalitat valenciana. Francisco Camps ve cómo con esta trama de corrupción puede llegar el fin de Ripoll y con él el del zaplanismo en la región. Varias han sido las batallas en las que Camps y el dirigente alicantino se han enfrentado por el poder en el PP, una lucha cruel desde la imputación del presidente autonómicos en el ‘caso Gürtel’.
A pesar de la ‘vendetta’ impulsada desde la capital del Turia, tanto Ripoll como estos tres concejales han logrado estar en libertad sin fianza e iniciar su propia estrategia ante estas acusaciones.
Frente al silencio o ausencias que han protagonizado Francisco Camps durante los últimos meses cada vez que había alguna novedad en su imputación en el Gürtel, el presidente de la Diputación da la cara en todo momento. A la rueda de prensa que convocó Ripoll el miércoles para trasladar a los medios de comunicación el desconocimiento que tenía de lo que se le acusaba, así como contestar todas las preguntas que pudiera, el dirigente popular ha continuado hoy con su agenda como si nada hubiera pasado.
‘Un día más’ es lo que ha debido pensar Ripoll al despertarse hoy ya que no ha tenido ningún problema para cumplir con su agenda y presidir la sesión ordinaria de la Agencia Provincial de la Energía de Alicante, Fundación de la Comunidad Valenciana.
Ripoll hizo duras declaraciones el año pasado contra Francisco Camps cuando se desvelaba su relación con los cabecillas de la trama Gürtel. Aprovechando que la Justicia acorralaba al presidente autonómico, el dirigente alicantino aseguró que “si hay manzanas podridas (en el PP) hay que quitarlas cuanto antes”.
La operación contra la corrupción en Alicante ha salpicado al único líder del PP en la Comunidad valenciana que no tenía causas pendientes en los tribunales. José Joaquín Ripoll se ha unido así a la situación judicial de Francisco Camps y Carlos Fabra y que provoca que se empiece a plantear la idea de imponer desde Madrid una gestora que se haga cargo del partido en la región.
Día sí y día también en la prensa aparece alguna investigación de los tribunales relacionada con el PP valenciano, una situación que no gusta nada en la dirección nacional y menos, a menos de diez meses de unas elecciones autonómicas y locales que testará el apoyo con el que cuenta el PP en su carrera por La Moncloa.
Para paliar una posible debacle en Valencia, Génova puede estar estudiando cesar a Camps, Fabra y Ripoll hasta que sus causas en los tribunales se aclaren y se olvide un poco esta polémica. La idea de una gestora surgió el año pasado en Madrid ante las luchas que Aguirre y Gallardón protagonizaron por el poder en Caja Madrid y ahora puede llegar a la costa.
