La nueva legislación bancaria anunciada por el presidente de EEUU, Barack Obama, hace casi dos años, acaba de superar una nueva barrera más en su duro camino parlamentario hacia el Despacho Oval, donde una vez firmada por el inquilino de la Casa Blanca, se convertirá en ‘la mayor reforma financiera desde la Gran Depresión’, según el titular recurrente que, como un estribillo machacón, puede leerse cada vez que el texto avanza un paso.
Pero, incluso, si Obama, por fin la próxima semana se hace la tradicional foto de la firma y vuelven a sonar las campanas que anuncian el enésimo histórico, los gestores de los bancos no van a tener que apresurarse.
En el mejor de los casos disponen de un plazo mínimo de dos años para que, en realidad, las obligaciones derivadas de los 2.323 folios que ocupa la Ley, que ya ha sido bautizada para la eternidad como ‘Dodd-Barney’ puedan convertirse en unos reglamentos aplicables y de obligado cumplimiento.
Se trata de un ‘esperado’ triunfo del lobby financiero de Washington que tiene ya mucha práctica a la hora de desactivar reformas legales. Se estrenó, en circunstancias muy difíciles con la Ley Sarbaness-Oxley, una gran reforma del capitalismo que pretendía acabar con los desmanes en cadena cometidos en el último tramo del siglo XX, casos tan famosos con los ‘fraudes’ de Enron, o Worldcom, prodigios de contabilidad creativa y del uso y abuso de los productos derivados para convertir pérdidas en beneficios y generar subidas de la cotización en Bolsa.
La magnitud del fraude hizo pensar a muchos que no se repetiría jamás. Sin embargo, sólo siete años después llegó la versión corregida y aumentada, la gran crisis bancaria, la subprime, la caída de Lehman y todo lo demás. Sin que la durísima Ley Sarbaness-Oxley sirviera para evitarlo.
Al menos para algunos ‘bloggeros’, ese fracaso estaba cantado. El sistema consiste en multiplicar exponencialmente el número de reglamentos que cuelgan de la Ley para que todo se complique y las negociaciones finales, las que de verdad afectarán al día a día de las empresas afectadas por las regulaciones, se eternicen.
Pues bien, la reforma financiera de Obama, que ayer superó, con 60 votos a favor y 39 en contra, la segunda votación del Senado tras su paso por la Comisión Bicameral de Armonización, triplica en número la cifra de reglamentos pendientes de elaboración. En total son 243.
Pero esto no es lo único. La negociación, plagada de puntos negros, sólo ha podido completarse, tras apartar del tablero 67 cuestiones controvertidas, que se han resuelto sencillamente con un aplazamiento de cualquier intento de legislar sobre ellas.
El esquema, también típico en el parlamentarismo estadounidense, es aprobar la creación de una Comisión de Estudio, cuyo tiempo de vigencia suele depender de la decisión del organismo encargado de su puesta en marcha.
Hay más cuestiones controvertidas sobre las que no se han adoptado resoluciones, como por ejemplo, la imposición de nuevos requerimientos míninos de capital.
En el asunto de los nuevos ratios de capital, como en otros de máxima importancia se ha habilitado al nuevo Consejo Superior de Reguladores, creado por la Ley y que dominará la Reserva Federal, para tomar esa decisión, cuando estime oportuno.
En este asunto se ha impuesto el criterio del ala conservadora del Partido Demócrata que defendía la imposibilidad de establecer una desventaja competitiva en el sector, una vez que Europa había optado por no aprobar un acuerdo global de mínimos en este asunto en el último G-20 de Toronto.
Ahora, la cuestión se aplaza, como mínimo, hasta el próximo mes de noviembre, fecha en la que se celebrará otra reunión de este gobierno económico mundial en la ciudad coreana de Seúl. Hay más asuntos pendientes de esta reunión y sobre los que también tiene que decidir el Comité. Por ejemplo, la parte final y pormenorizada de qué derivados podrán negociarse en mercados no regulados y el formato del registro de estos productos que, en principio, se fija en el texto.
Sin embargo, no todo se demorará tanto. Lo que sí estará disponible y vigente la próxima semana, en el mismo momento en que Obama firme, serán los 23.000 millones incluidos para medidas de estímulo económico.
