El Consejo de Ministros aprobó hoy un real decreto de lucha contra el fraude en la energía solar fotovoltaica. Esta norma podría dejar sin prima hasta 800 megavatios, el 25% de la potencia instalada hasta septiembre de 2008, que serán investigados. Si las instalaciones no disponen de todos lo paneles fotovoltaicos comprometidos en el proyecto, ni de los quipos técnicos necesarios, el promotor dejará de cobrar la prima correspondiente y estará obligado a devolver todo lo percibido con los intereses de demora.
Todo ello sin perjuicio de que se puedan imponer sanciones. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) será el encargada de acreditar que la instalación tiene derecho a cobrar las subvenciones. El dinero que se recaude, que asociaciones cifran en 800 millones, pasará a la caja única de la CNE, de modo que podría repercutir en una contención del déficit de tarifa. De hecho, las primas a las renovables han sido uno de los principales factores que ha contribuido a elevar el elevadísimo déficit de tarifa que acumula el sector eléctrico (diferencia entre lo que se paga en el recibo de la luz y lo que cobran las eléctricas) y que asciende a cerca de 20.000 millones de euros.
Este decreto llevaba fraguándose desde finales de 2008 pero había encontrado múltiples escollos por los choques contra las competencias de las autonomías, que son las que finalmente autorizan las plantas. Pero el texto ya cuenta con el beneplácito de éstas. Las patronales Asif, AEF y APPA habían pedido en múltiples ocasiones una norma de este tipo para limpiar la imagen del sector, sobre todo después de que se conociera que había plantas solares que producía electricidad de noche mediante otros métodos, como motores de biocombustible, para cobrar ilícitamente las primas.
Además, ser propietario de un huerto solar también es una condición ventajosa para obtener financiación. Los titulares han obtenido créditos con el aval de plantas fotovoltaicas.
En paralelo, el Gobierno puede cerrar en breve un acuerdo definitivo con los productores fotovoltaicos. La clave del acuerdo es un recorte en los subsidios que rondarán entre el 10 y el 15% en los próximos tres años, por lo que el Ejecutivo plantea como contrapartida extender los incentivos otros tres años. Los operadores de las plantas existentes recibirán el 85% de los subsidios en 2011 y 2012. En 2013, conseguirán el 95%. Las ayudas, que ahora tienen una duración de 25 años a partir de 2007, se extenderían tres años más allá de su fecha de finalización actual. El acuerdo definitivo podría cerrarse en septiembre si no se alcanza un pacto la semana que viene.
El Gobierno prevé que todos los “aspectos pendientes” para poner en marcha el fondo de titulización del déficit de tarifa eléctrico quedarán cerrados en septiembre, de forma que la constitución y primera emisión podrá “realizarse inmediatamente después”.
