El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido aplazar ‘sine die’ su reunión prevista para el miércoles con los presidentes de las más importantes constructoras de España ante la expectación que ha despertado este encuentro. El jefe del Ejecutivo planteaba una cita con carácter privado con estos empresarios para analizar las consecuencias y nuevas medidas en torno al plan de recorte de la inversión en obra pública, así como la necesidad de levantar la prohibición de endeudarse a los ayuntamientos el año que viene.
Las últimas intenciones de Zapatero de verse en privado, y sin publicidad en los medios de comunicación, han sido un fracaso. Si primero el presidente del Gobierno tuvo que desconvocar una reunión con el secretario general del PSM, Tomás Gómez, por la multitud de medios acampados en las puertas de Moncloa, ahora ha tenido que hacer lo mismo en su deseo de verse cara a cara con los más destacables constructores del país.
El jefe del Ejecutivo quería trasladar a Florentino Pérez, Baldomero Falcones, José Manuel Entrecanales o Luis del Rivero su decisión de retomar alguno de los proyectos del recorte de inversión de infraestructuras anunciado por el ministro José Blanco a finales de mayo para “aliviar” la situación tras el plan de recorte de Fomento. Así, el Gobierno aseguró el viernes que cerca de 500 millones de euros en obras se recuperarían de este recorte. Una decisión que iba a poner sobre la mesa Zapatero.
Los constructores también iban a esta cita con un plan debajo del brazo. Así, según han asegurado a EL BOLETIN fuentes del sector, los presidentes de estas empresas iban a transmitir al presidente del Gobierno “su preocupación en el sector por las suspensiones temporales de las obras anunciadas por Fomento”. Frente a esto, las constructoras querían pedir “flexibilidad” en los proyectos como vía de solución.
Junto a esto, los presidentes de FCC, Acciona, Sacyr, ACS o Ferrovial pensaban poner sobre la mesa la situación de quiebra e impagos de los ayuntamientos. Unos consistorios que tienen unas deudas por valor de más de 12.000 millones de euros de los que cerca de 3.400 corresponden a servicios de limpieza o recogida de basuras que hacen este tipo de empresas. Una labor que no se cobra por las deudas contraídas por estas administraciones tras el pinchazo en la burbuja inmobiliaria que llevó a muchos ayuntamientos a participar en proyectos faraónicos a sabiendas de su delicada situación económica.
Ahora, las arcas municipales se encuentran vacías y sus cuentas en número rojos, una situación que sólo intentan solucionar con el endeudamiento. Una práctica que el Gobierno va a prohibir para el año que viene y que puede provocar la quiebra absoluta de estas administraciones. Para evitar mayores impagos, estas empresas, según fuentes del sector, iban a pedir al Ejecutivo eliminar esta prohibición y que dejen a los consistorios pedir créditos.
Si no son escuchadas las réplicas de estas empresas en la nueva reunión que Zapatero decida mantener, se abrirá el debate sobre la necesidad de empezar a pagar por servicios hasta ahora gratuitos como las televisiones autonómicas, o lo que es lo mismo, impuestos locales o sobre la actividad económica en una determinada región.
