El presidente de Cataluña, José Montilla, cuenta con tan sólo una semana para firmar el decreto de disolución de las Cortes y por tanto fijar la fecha de las elecciones autonómicas, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La norma obliga a convocar los comicios 54 días antes de la fecha elegida, una cita que no puede demorarse más allá del 1 de noviembre, cuando se celebraron las elecciones hace cuatro años.
En base a estos datos, el presidente catalán tiene de plazo hasta el 6 de septiembre para convocarlas. En algunos círculos políticos se señala el 24 de octubre como posible fecha, aunque será Montilla quien tenga la última palabra. En ese caso, no obstante, el anuncio tendría que producirse antes del próximo martes.
Una vez firmado el decreto, los partidos políticos dispondrán de entre 15 y 20 días para presentar sus listas de candidatos ante la Junta Electoral Central. Por último, 15 días antes de los comicios, comenzará la campaña electoral.
Tensiones
A pesar de que aún quedan dos meses para que los catalanes vayan a las urnas, lo cierto es que desde antes de que comenzara el verano, los partidos de esa comunidad han comenzado a movilizarse para prepararse ante la batalla electoral. Especialmente desde que el Tribunal Constitucional sentenció, a finales de junio tras más de tres años de deliberaciones, que 15 artículos del Estatut son inconstitucionales.
En aquel momento comenzó una ‘batalla’ entre los grupos para encabezar la manifestación contra la sentencia. El PSC quería que el propio Montilla liderara la marcha junto a una ‘senyera’, algo que no convencía a las asociaciones independentistas que intentaban evitar el afán de protagonismo político. Finalmente, los socialistas consiguieron su objetivo, aunque compartieron pancarta con los colectivos convocantes.
Después de aquella muestra de rechazo, la tensión entre los grupos ha aumentado, especialmente entre el PSC y CiU. Los socialistas querían evitar que el debate sobre la sentencia llegara al Congreso para que no se mostrara una división entre los diputados del PSOE y los del PSC, mientras que Convergencia insistía en ello dentro del frente catalán en defensa del Estatut. Al final la iniciativa ‘murió’ en el Senado.
A partir de ese momento, el cruce de acusaciones entre PSC y CiU se acentuó en un momento de gran debilidad de los socialistas, ya que uno de los estandartes del sector más catalanista del partido, Antoni Castells, consejero de Economía del tripartito (PSC, ERC e ICV), anunció que no iría en las listas electorales porque no le gustaba la deriva de su formación.
Otro partido socio de Gobierno que tiene problemas es ERC. En las últimas elecciones cayó en número de votos, una situación que se podría agravar si el sector crítico que se escindió de la formación, Reagrupament, que lidera Joan Carretero, obtiene buenos resultados. Habrá que ver también si el nuevo partido de Joan Laporta no resta votos a los dos anteriores.
Mientras, en el PP mantienen un perfil bajo a la espera de que el resultado electoral repita la experiencia de los populares vascos liderados por Antonio Basagoiti.
