La pugna entre los sindicatos madrileños y Esperanza Aguirre en torno a la reducción de horas sindicales llegará a los tribunales. CCOO y UGT denunciarán ante la Justicia una medida que consideran “dictatorial” y que, a su juicio, vulnera los acuerdos que la propia presidenta de la Comunidad firmó con ellos hace al menos tres años y que estipulaba unas horas sindicales por encima del mínimo exigido por la legislación.
“Estamos a la espera de lo que diga mañana y con lo que salga, iremos a los tribunales, ya que, según las declaraciones de la Comunidad, se van a vulnerar los derechos” de los liberados sindicales, ha manifestado a EL BOLETIN la secretaria de la Federación de Servicios de UGT Madrid, Encarna Parra.
Los sindicatos han puesto a trabajar a sus gabinetes jurídicos ante la posibilidad de que Aguirre decida finalmente recortar el tiempo que los delegados sindicales dedican a sus labores en los comités de empresas. Una medida que pretendería deshacer los acuerdos que la Comunidad firmó con los sindicatos y que preveían más horas de las mínimas exigidas por la ley. “Al igual que Torquemada, la presidenta de la Comunidad va a hacer una represión sindical”, ha asegurado el secretario general de Administración Autonómica de CCOO, Javier Díez.
Unas críticas que muestran que las negociaciones en torno a este asunto están rotas, a pesar de que el consejero de Presidencia, Francisco Granados, viene afirmando en las últimas semanas que todavía queda tiempo para el acuerdo. A la espera de conocer el texto, el ajuste ya se ha emprendido en el sector de la Educación. El pasado mes de septiembre, según destacan fuentes de la Consejería a este diario, se actuó ante el “excesivo número de liberados y horas”, que no correspondían a lo que marcaba la ley para este sector.
“Aprovechando la situación de crisis y el excesivo número de delegados se optó por reducir las horas sindicales de 75 a 40 por delegado al mes, que son las mínimas establecidas por la legislación”. En este caso concreto, los sindicatos se limitan a criticar las formas. “Se nos impuso el ajuste”. No obstante, sí reconocen que fueron ellos los que decidieron qué delegados se quedaban y cuáles debían abandonar sus responsabilidades sindicales.
A esta ofensiva judicial que anuncian CCOO y UGT se une el proceso abierto el pasado mes de septiembre, cuando estos sindicatos denunciaron el recorte en Educación ante los tribunales. El proceso está a la espera de resolución y no tardará mucho en conocerse, según ha asegurado la representante de UGT, Encarna Parra, a este diario. Tal es el optimismo de este sindicato, que Parra no tiene problemas en vaticinar que el proceso será favorable a sus reinvindicaciones.
