Hacienda vuelve a poner el foco sobre las grandes fortunas en un momento en el que la recaudación se ha convertido en clave para reducir el déficit y ante la percepción de los ciudadanos de que la Administración levanta la mano en esos casos. Los últimos investigados, la familia Carulla y Demetrio Carceller.
El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha hace hincapié en que Hacienda debe poner la lupa sobre las grandes fortunas ya que cuentan con más medios para poder evadir impuestos. Fuentes de este sindicato señalaron a EL BOLETIN que casos como el de la familia Carulla o Demetrio Carceller, investigados por presunto fraude tributario, son la punta del iceberg, ya que habrá más casos como estos en los próximos meses.
No obstante, estas fuentes aclaran que estos dos casos cuentan con una mayor repercusión mediática dado que son familias muy conocidas, mientras que otras investigaciones no han tenido tanto eco.
Esta semana se ha sabido que el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona está investigando a varios miembros de la familia Carulla, que es propietaria del holding Agroalimen, por presunto fraude fiscal, unas pesquisas que se derivan del ‘caso Pretoria’. Entre las investigadas estaría Mariona Carulla, actual presidenta del Palau de la Música, institución que fue presuntamente ‘saqueada’ bajo la gestión de Félix Millet.
Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dejó ayer en libertad con cargos a Demetrio Carceller, patriarca de una de las familias españolas más ricas, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de simular durante 15 años tener residencia en Portugal, donde la presión fiscal es más permisiva en algunos asuntos patrimoniales.
Precisamente, esta misma semana la consultora A.T. Kearney junto a Visa Europa publicaban un informe que apuntaba a que en España la economía sumergida alcanzó los 205.200 millones de euros, lo que supone el 20% del PIB. El estudio señala que la construcción, los autónomos, el comercio, la actividad inmobiliaria y el turismo son los sectores en los que se concentra más esta práctica.
El dato coincide con el que a principios de año ofreció el entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Sus declaraciones fueron censuradas posteriormente primero por el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y luego por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, que consideraban aventurado cifrar esa práctica. La última encuesta del CIS reflejaba que más de la mitad de los encuestados considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal. A finales de noviembre, el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, aseguraba al respecto que hay algún “problema de comunicación” ya que mucha gente ha oído hablar de fraude fiscal, pero “no lo conoce”.
Directiva
El pasado día 7 los ministros de Economía de la UE llegaron a un acuerdo en la lucha contra la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales. La nueva directiva agiliza el intercambio de información sobre los ingresos de los contribuyentes, con el objetivo de evitar la evasión de impuestos. La UE considera que el “aumento de la movilidad de los contribuyentes y el crecimiento del volumen de las transacciones trasnacionales” ha favorecido esta práctica.
