El Consejo de Ministros aprobó hoy un real decreto por urgencia que supondrá una profunda reforma del sistema eléctrico para recortar costes y mitigar las fuertes subidas previstas en el recibo de la luz. Según Industria, las medidas sopondrán unos ahorros de casi 5.000 millones de euros en tres años. Para conseguir este objetivo, las eléctricas tendrán que asumir unos costes extra de 1.570 millones.
El mazazo para estas compañías provendrá de tres bandas. Las eléctricas deberán pagar un peaje por generación para financiar las redes de 0,5 euros por megawatio/hora, lo que supondrá ingresos anuales de 150 millones al año. Otra de las vías será la ampliación hasta 2013 del bono social: otros 150 millones anuales. La última medida es la asunción por parte de las compañías de los planes de ahorro y eficiencia energética que supondrán un coste durante estos tres años de 670 millones.
Pero entre las líneas maestras de la reforma destaca el recorte de las primas a la industria fotovoltaica, con el objetivo de reducir la factura que paga el Estado en 740 millones de euros al año hasta 2013 (2.220 millones en total) y que permitirá controlar la parte regulada de la factura eléctrica. Para compensar el esfuerzo de este sector, las plantas disfrutarán de tres años adicionales en el periodo de cobro de primas, que pasará de 25 a 28 años, lo que “garantizará la rentabilidad del proyecto”, según ha asegurado el ministro de Industria, Miguel Sebastián.
Además, el Gobierno eleva los techos autorizados de creación de déficit de tarifa en los próximos años, pero mantiene su objetivo de que en 2013 desaparezca el desajuste. El tope de 2010 es ahora de 5.500 millones, frente a 3.000 millones, mientras que en 2011 será de 3.000 millones y en 2012, de 1.500 millones, lo que supone un aumento en estos dos ejercicios de 1.000 y 500 millones, respectivamente. Si no se hubieran cambiado, se incumpliría la ley, lo que podría motivar que las eléctricas denunciasen al Gobierno ante los tribunales.
El objetivo del Gobierno es paliar la próxima subida del recibo eléctrico. Según las fórmulas que el Ejecutivo introdujo hace año y medio, su precio debería subir el 10% desde enero (en torno a los cinco euros al mes para un consumo medio). Pero con las nuevas rebajas, la electricidad podría incrementar la tarifa para el año que viene en el entorno del 5%.
Esta ha sido la respuesta del Ministerio de Industria, que ha buscado fórmulas de forma acelerada para evitar este incremento ante la presión del Ministerio de Economía y de Moncloa. No obstante, es el Gobierno quien tiene la última decisión sobre el incremento. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha recomendado “un ajuste progresivo en las tarifas de acceso”, que se debería aplicar desde el 1 de enero de 2011 con el fin de «mitigar» los efectos de la reducción del déficit de tarifa sobre los consumidores.
Una demanda que ha respaldado la patronal de las eléctrica, Unesa, cuyo presidente saliente, Pedro Rivero, ha defendido un aumento inmediato de la factura, que en su opinión debería encarecerse un 10, 5%.
Según ha explicado Sebastián al término de la reunión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo lleva desde junio inmerso en un proceso de revisión de costes, en el que ha mantenido “contactos con todas las empresas del sector energético y con todas las fuerzas políticas”. Hasta ahora, ya se han adoptado algunas medidas en esta línea, entre ellas las de recorte de primas en los sectores eólico y termosolar, pactado con las asociaciones empresariales, y ahora «era el turno» de la fotovoltaica y las eléctricas convencionales.
Tal y como adelantó ayer EL BOLETÍN, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) acudirá a los tribunales para defender los derechos del sector tras el recorte de las horas con derecho a prima que pueden cobrar estas instalaciones aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
El recorte de las ayudas a la energía fotovoltaica también ha movilizado a los inversores internacionales. Un grupo de fondos ha pedido al Gobierno español que reconsidere sus planes porque, en su opinión, podría causar una oleada de morosidad en los préstamos otorgados por los bancos.
La firma británica de capital privado HgCapital considera que estos cambios suponen un “abuso de confianza” que aumentará la incertidumbre regulatoria en la industria de las energías renovables de España. Según los cálculos de este fondo, hasta el momento se han invertido 20.000 millones de euros en las plantas solares de nuestro país y al menos el 40% de esta cifra proviene de inversores internacionales, como bancos o fondos de inversión.
El resto lo han financiado los bancos españoles e inversores privados. “Si el sector no puede afrontar los pagos, los bancos se quedarán no sólo con las plantas sobre las que pesa el crédito, sino también con el aval presentado para conseguir el dinero, como viviendas en muchos casos”, ha asegurado un portavoz de la patronal Adif a este diario.
La Asociación Española de Banca (AEB) también se ha pronunciado sobre este asunto. “Resulta fundamental tener la máxima seguridad de que los flujos de caja proyectados van a ser estables, predecibles y recurrentes. (…) Cualquier retoque tarifario resultaría lesivo para el sector y sus financiadores”, asegura la AEB en una carta remitida a Miguel Sebastián, ministro de Industria.
Los fondos internacionales que tienen inversiones en el sector también se han dirigido a la patronal bancaria española para expresar su preocupación.
