El Tribunal Constitucional italiano ha declarado hoy parcialmente inconstitucional la Ley 51/2010, conocida como Ley del legítimo impedimento. El Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, se había acogido a esta ley en repetidas ocasiones para no acudir a declarar en los tres procesos judiciales que tiene pendientes en Milán.
Esta inmunidad de la que disfrutaba Berlusconi le ha permitido aplazar las vistas en las que está imputado por corrupción en acto judicial en el «caso Mills» y de fraude fiscal en el «caso Mediaset». Los tres casos abiertos contra él prescribirán en pocos meses.
El Alto Tribunal ha acordado este fallo en una reunión secreta celebrada esta mañana a las 9:30 horas apoyándose en que el juez es quien debe valorar si el legítimo impedimento existe o no, interpretando caso por caso para respetar «la exigencia de la jurisdicción, el ejercicio del derecho de defensa y la tutela de la función del Gobierno, según el principio de leal colaboración entre poderes», así lo explicaba la sentencia del Constitucional. Entre los puntos declarados inconstitucionales destacan la obligación por parte del juez de aplazar las audiencias hasta seis meses. Sin embargo, ampara dejar a discreción de los magistrados la evaluación en cada caso si existe o no un legítimo impedimento.
Berlusconi, por su parte, aseguraba ayer que le es «totalmente indiferente» la decisión que tomara hoy el Constitucional, ya que afirma que la estabilidad del Gobierno no se verá afectada y, en cualquier caso, las acusaciones que pesan sobre él, corrupción, fraude fiscal y apropiación indebida, son «ridículas». También apuntaba que «los jueces son una patología, una enfermedad, y ya he jurado en el pasado por mis hijos y nietos que soy inocente».
