El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha admitido a trámite la recusación presentada por Baltasar Garzón contra cinco de los siete jueces que forman el tribunal que debe juzgarle por presunta prevaricación al investigar los crímenes franquistas sin ser competente. La causa, la más avanzada de las tres abiertas contra Garzón, está paralizada hasta que el Alto Tribunal decida sobre las recusaciones.
En un auto conocido hoy, Sánchez Melgar señala que el asunto será resuelto por la Sala del 61, formada por el presidente del Supremo, Carlos Dívar; los presidentes de las Salas de lo Civil, Penal, Social, Militar y Contencioso-Administrativo y los magistrados más antiguo y más nuevo de cada una de ellas. Garzón ha solicitado la recusación (que sean apartados de la causa) de Juan Saavedra Ruiz, Adolfo Prego, Joaquín Giménez García, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo por haber participado en algún momento de la instrucción de la causa, lo cual, a su juicio, puede poner en riesgo su imparcialidad. La Fiscalía respalda esta petición.
Sánchez Melgar, no obstante, ha rechazado admitir a trámite el segundo argumento de Garzón para las recusaciones, y que apunta a posibles intereses espúreos por parte de los cinco magistrados. En este sentido, el juez del Supremo rechaza de plano que los recusados puedan tener interés directo o indirecto en este asunto. Los cinco jueces avalaron la conducta del juez instructor del caso, Luciano Varela, cuando indicó a la acusación popular, que forman Manos Limpias y Libertad e Identidad, cómo debía redactar su escrito de acusación.
Hace dos semanas, el Supremo ordenaba la paralización de la causa sobre los crímenes franquistas hasta que se resuelvan las recusaciones. Este es el más avanzado de los tres casos abiertos contra Garzón, suspendido de sus funciones como juez de la Audiencia Nacional. De hecho, si no hubiera sido por las recusaciones era inminente la apertura de juicio oral, después de que el pasado 15 de diciembre se designara la sala de siete magistrados que debe juzgarle.
Las otras dos causas se encuentran todavía en fase de instrucción. Una de ellas, instruida por Alberto Jorge Barreiro, se refiere a las escuchas que ordenó Garzón durante la instrucción del ‘caso Gürtel’ entre los principales imputados y sus abogados en prisión. Los letrados alegan que vulneró la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente. La causa está en suspenso hasta que las partes puedan acceder a las escuchas, bajo secreto sumarial en el tribunal de Madrid.
La otra, que instruye Manuel Marchena, investiga supuestos cobros irregulares por parte del juez durante su estancia en Nueva York, entre 2005 y 2006. En relación a esta última, Elconfidencial.com asegura, citando un informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, que “la mujer de Garzón ingresó el 6 de abril de 2005 la cantidad de 317.130 euros en una cuenta corriente abierta a su nombre” en una sucursal de Caja Madrid en Las Rozas. Cuenta el digital que, según el informe, “se desconoce el origen de estos fondos”.
