Los sindicatos UGT, CCOO, STAJ y CSIF anuncian movilizaciones, la primera esta misma tarde, delante de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo en la Gran Vía madrileña para denunciar la falta de personal y los retrasos en las retribuciones. A su juicio, “la política de propaganda” del Gobierno autonómico, y, más en concreto, la consejería que dirige Granados, “le lleva a firmar acuerdos que luego no cumple”.
Los sindicatos tienen prevista para esta tarde una manifestación en el número 6 de la Gran Vía Madrileña, delante de los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo y amenazan con más y mayores movilizaciones, -al estilo de los egipcios si hace falta, tal y como ha declarado la coordinadora de CCOO en Madrid, Felicidad López- si el titular autonómico de Justicia, Francisco Granados, no se reúne con ellos en los próximos días, tal y como había anunciado el consejero a mediados de este mes.
Los sindicatos exigen una reunión con el Gobierno autonómico ante el estado de la justicia en la Comunidad, que según ha afirmado el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Alberto García Salas, “se encuentra al borde del caos y pronto se empezarán a suspender juicios por falta de personal que tramite los expedientes”. Arropado por los representantes de CCOO, UGT y CSIF en una rueda de prensa conjunta, ha denunciado que no sólo faltan trabajadores sino que además hay un retraso en la retribución de los mismos. Según Felicidad López, el Gobierno regional les adeuda una media de 2.800 euros por trabajador al año, en concepto de atrasos en el cumplimiento del Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario al Servicio de Justicia, suscrito en 2009.
Además, López acusa al Gobierno regional de “incumplir el acuerdo de 5 de febrero de 2010 para la creación de 70 nuevos puestos de trabajo para los Juzgados de lo Penal y el Servicio Común de Notificaciones y embargos”. Hechos, según la coordinadora de CCOO que unidos a la ausencia de médicos forenses tras 10 años sin convocarse oposiciones, dejan a la Administración de Justicia madrileña “indefensa pese a que soportamos el 38% de los casos de todo el país”. Y añade que “mientras el Gobierno de Aguirre puede pagar 35 millones de euros en el diseño de la Ciudad de la Justicia, ‘se aprieta el cinturón’ en el sueldo de los funcionarios”.
Competencias
Los sindicatos han mostrado su sorpresa ante el interés de Francisco Granados por devolver al Estado las competencias sobre administración de Justicia. No obstante, no han querido emitir juicios sobre decisiones políticas porque según el representante de UGT, Alberto Cabezas, “ni nos pidieron opinión antes ni lo van a hacer ahora”, en declaraciones a EL BOLETIN. Eso sí, López ha reconocido no entender cómo el Gobierno popular aboga ahora por la centralización en Justicia cuando fue el Ejecutivo de José María Aznar en 2002 el que cedió a las CCAA esta competencia.
Paz social
La movilización de los funcionarios de Justicia supone un nuevo frente abierto para el Gobierno de Esperanza Aguirre, después de que aplacara las protestas de otros sectores para conseguir una paz social que le garantice llegar sin problemas a las elecciones de mayo. Así, pagó lo que le debía a los abogados del turno de oficio por los servicios que prestaron el año pasado, ha firmado con los sindicatos la reducción de horas sindicales y anunció la convocatoria de oposiciones para maestros este año, algo que había rechazado en un principio.
No obstante, esta última rectificación no le ha dado del todo resultado. De hecho, los sindicatos de la enseñanza pública madrileña han convocado una manifestación el próximo lunes para exigir a la presidenta regional que concrete cuando y cuantas plazas convocará.
