La incertidumbre rodea a las cajas en la recta final del proceso de reestructuración
A cuatro meses vista de que se cumpla el plazo dado por el Banco de España para que las cajas que no alcanzan el mínimo de solvencia se recapitalicen, aún quedan demasiados flecos sueltos en la reestructuración del sector, sobre todo en lo que se refiere al posible interés de los inversores por entrar en su capital y a las negociaciones con los sindicatos. Con las pruebas de resistencia europeas a la vuelta de la esquina (se celebrarán en junio), aún permanece además la incertidumbre sobre el dinero que deberá inyectar el FROB para reflotar el sector.
A finales de febrero, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, daba de plazo hasta el 30 de septiembre a las cajas de ahorros para que se recapitalizasen en cumplimiento del nuevo decreto de solvencia aprobado por el Gobierno, aunque otorgaba una prórroga de otros seis meses, hasta marzo de 2012, para salir a Bolsa en los casos de las entidades que eligiesen esta vía para captar capital. No obstante, mucho antes de estas fechas, el próximo junio, el sector en pleno se enfrentará al examen de los mercados en las pruebas de resistencia europeas. Será entonces cuando se confirme si el agujero del sector es mayor de lo que considera el Banco de España, que lo estima en poco más de 14.000 millones de euros el déficit de capital. Estas cifras han sido puestas en cuestión por la gran mayoría de la banca de inversión internacional con un auténtico baile de cifras, desde los 46.000 millones que cifra el británico Barclays, hasta los 70.000 que calcula el suizo UBS.
Gran parte de la incertidumbre viene dada por la dificultad de cuantificar la exposición al ladrillo y el deterioro de los activos en balance. SEgún reconoce el Banco de España, las cajas de ahorros tienen una exposición al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria de 217.000 millones de euros. De esta cifra, 100.000 millones, un 46%, son “potencialmente problemáticos”, incluyendo los créditos dudosos (28.000 millones), los créditos en situación normal bajo vigilancia (28.000), y los inmuebles adjudicados (44.000). Las provisiones constituidas para hacer frente a esta exposición alcanzan los 31.000 millones de euros, aunque si se incluye las provisiones genéricas, la cifra es de 38.000 millones, con lo que la cobertura es del 38% sin incluir las garantías hipotecarias.
