El Tribunal Superior de Justicia de Valencia se ha declarado competente para asumir la investigación por presunta financiación irregular del PP que lidera Francisco Camps. Asimismo, investigará un posible delito electoral en los comicios de 2007 y falsedad mercantil en 2008.
Tras cuatro reuniones y en un extenso auto de 62 páginas, la Sala de lo Civil y lo Penal ha aceptado asumir las investigaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en las que se vincula a la cúpula de los populares de la región del Levante con negocios irregulares con empresas de la rama valenciana del ‘caso Gürtel’. Entre otras cosas, los magistrados de este tribunal investigarán si la Generalitat que preside Francisco Camps prevaricó y cometió cohecho en la adjudicación a Orange Market -una de las empresas de Álvaro Pérez ‘el Bigotes’- de los contratos para el pabellón valenciano en la feria Fitur de Turismo desde 2005 a 2009.
Para ello, según la investigación, ‘El Bigotes’ utilizaba la entrega de dádivas como una forma de ganarse la confianza y el favor de los altos cargos de las Administraciones que deberían darle los contratos.
Esta decisión abre un nuevo frente judicial contra los populares de esta comunidad autónoma tras la imputación del propio presidente de la Generalitat por el ‘caso de los trajes’ y después del órdago que Camps lanzó a la dirección nacional del PP y al mismísimo Mariano Rajoy con la incorporación de varios salpicados por casos de corrupción en sus listas a las pasadas elecciones autonómicas y locales del domingo.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha señalado a Camps como el “exclusivo culpable” por su complicidad con esta trama y ha augurado que Rajoy “le acompañará a los tribunales para responder sobre la presunta financiación ilegal del PP” al producirse en la campaña de las generales de 2008.
