Economía

Hibramer, más cerca de la liquidación

Hibramer, una de las empresas de los Ruiz-Mateos en concurso de acreedores, se acerca cada vez más a la liquidación. Los administradores concursales de la firma de productos avícolas han decidido aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para la totalidad de la plantilla, a pesar de que la Junta de Castilla y León asegura que hay seis grupos interesados en Hibramer.

Según Europa Press, el ERE que se ha planteado para los 104 trabajadores se aplicará de forma progresiva hasta la liquidación absoluta de la sociedad, en cuyo proceso está previsto igualmente sacar a subasta pública sus distintas unidades de producción. Una operación que podría cerrarse esta semana según el comité de empresa de Hibramer, y que supondría su fin tras 52 años de actividad.

Una decisión que han tomado los administradores, que se encargan de la empresa desde e pasado 30 de marzo, cuando se declaró el concurso y se apartó a los Ruiz-Mateos de la gestión, debido a que las deudas de Hibramer superan los 100 millones de euros y a pesar de que la Junta de Castilla y León mantiene que hay seis grupos interesados en la empresa.

No obstante, el Gobierno ha señalado que en ningún caso podrían comprar la empresa, sino su actividad y sus activos debido al elevado pasivo de la empresa, frente a unos activos muy inferiores.

En referencia al interés por Hibramer, el ejecutivo regional ha señalado que proviene de tres empresas con origen en Castilla y León, de una de fuera de la Comunidad y dos firmas extranjeras. Unos grupos que según la administración, están a la espera de que la administración concursal saque un pliego de condiciones para la venta.

Por otro lado, la Junta también ha explicado que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha ofrecido a esos grupos empresariales la concesión de préstamos para facilitar la adquisición de los activos de Hibramer y las inversiones necesarias para adaptar las actuales instalaciones a la normativa europea sobre sanidad animal, que entrará en vigor en 2012. Una inversión que ha cifrado en unos 5 millones de euros.

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