Las empresas cotizadas no podrán mantener los blindajes empresariales, es decir las limitaciones en los derechos de voto, a partir del 1 de julio, cuando se cumple un año de la publicación de la reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas.
Esta decisión afecta a grandes empresas como Iberdrola o Repsol que cuentan con límites de voto del 10 %, es decir que sus accionistas solo pueden votar por ese porcentaje independientemente del cual sea su paquete accionarial.
En Iberdrola esto incumbe directamente a ACS, que tiene un 19 % de la eléctrica, y pugna por entrar en su consejo de administración: y en Repsol, a Sacyr, que tiene un 20 % pero sí que cuenta con representación en el máximo órgano de la petrolera.
Una vez cumplido un año de la publicación de la ley, estas limitaciones dejarán de ser válidas sin necesidad de que se modifiquen los estatutos de las empresas, al ser norma de rango superior.
El debate para acabar con estas limitaciones, a propuesta del PSOE, fue bastante polémico con la firme oposición del PNV.
