El Gobierno de Zapatero ha sido un fanático de las leyes. Quizás porque el Presidente se forjó en los pasillos del Congreso sin haber ocupado antes puesto ejecutivo alguno, sus dos legislaturas al frente del Gobierno han transcurrido entre los debates y negociaciones que los nuevos proyectos de leyes siempre propician. Las hemos visto nacer en estos años de todos los géneros y condiciones. Ante cualquier adversidad o contingencia, el Ejecutivo reaccionaba invariablemente anunciando nuevas leyes que acabarían arreglando el problema. Claro que la experiencia ha venido a demostrar que no es tanto así.
Las leyes nuevas son necesarias y las viejas necesitan ser reformadas, pero muchas veces lo importante es que las que ya existen se apliquen y que se apliquen bien, con arreglo a la letra pero también al espíritu, y de paso al sentido común. Entre las muchas leyes nuevas que la Administración Zapatero nos legará para un futuro más feliz, es decir, con menos crisis, hay más de una de inutilidad manifiesta y otras de eficacia más que dudosa. Entre estas últimas me viene a la mente la de la reforma laboral que tantos quebraderos de cabeza causó en su momento, incluido el síndrome de una huelga general más bien fracasada. Un año después, los resultados que arroja, puestos a ser condescendientes, sólo podrían ser considerados nulos. En plan crítico hasta se podría afirmar que, como se temía, lejos de ayudar a crear empleo, algo que no acaba de verse por parte alguna, lo que ha logrado hasta ahora la polémica Ley no son más que facilidades suplementarias para destruirlo.
Probablemente sea una Ley necesaria para estos tiempos que corren, en que todo lo que obstaculice el liberalismo económico es a erradicar, pero pensando en los cerca de cinco millones de desempleados que ya existen en nuestro país, dar ideas para que quienes creen que gestionar bien es reducir trabajadores puede ser sencillamente nefasto; o sea, más nefasto todavía.
