Uno de los objetivos de la reestructuración del sistema financiero era reducir la sombra política en las entidades españolas para dotarlas de más profesionalidad. Sin embargo, este mantra no ha calado en los consejos de administración de los bancos creados por las cajas de ahorros, cuyos asientos siguen ocupados en su gran mayoría por políticos que aprovechan la normativa de creación de bancos como un coladero.
Mientras que las leyes regionales de cajas establecen, en algunos casos, estrictos y concretos requisitos para que los miembros de sus consejos de administración sean personas con experiencia en las finanzas privadas y el mundo de la economía, el Real Decreto 1245/1995 que regula la creación de bancos en nuestro país es mucho más laxo al respecto.
La norma únicamente dictamina que las personas que ocupen estos puestos en los bancos “deberán poseer, al menos la mayoría en cada consejo, conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones”. Un criterio poco definido que los partidos políticos han sabido aprovechar para seguir colocando a sus afiliados en los órganos de consejo de la nuevas entidades que poco a poco sustituyen a las tradicionales cajas de ahorros.
La situación, en algunos casos, se vuelve más evidente cuando la presencia de grupos inversores y consejeros designados por el Banco de España a través del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), junto a los independientes, aseguran esa “mayoría” que exige la normativa nacional.
El último caso se ha vivido en Caja España-Duero. El consejo de la entidad acordó, con el voto a favor de 20 de sus 34 miembros, el nombre de los cinco consejeros que la entidad aportará a su futuro banco. Acuerdo que deberá ratificarse en la junta general de la entidad el próximo 5 de septiembre.
Uno de estos cinco es su actual presidente Evaristo del Canto, los otros se han repartido dos a dos entre el PP y el PSOE. Los populares son Alejandro Menéndez e Ignacio Sánchez Macías; los socialistas, Miguel Ángel Álvarez Sánchez y Pablo Pérez Robla. Este último llega desde el ayuntamiento leonés, donde ocupó el número once de la lista municipal del PSOE en las pasadas elecciones. Anteriormente se había ocupado de la coordinación de proyectos tecnológicos de la ciudad.
Dicha situación ha desatado las críticas de algunos sindicatos que lamentan que los partidos se afanen en “colocar a personas con experiencia financiera cero, afines a sus discursos” en los bancos que aseguran la continuidad de la labor social de las cajas. Además, algunos sindicatos presentes en el consejo de Caja España-Duero critican que los nombramientos se pacten en bloque entre los dos partidos mayoritarios y no se permita la votación de los consejeros de forma individual.
Mientras que llega la conversión total de las cajas en bancos, los políticos gozan de su puesto como consejeros en las cajas, que quedarán como obra social, y esperan que sus compañeros les premien con un asiento en el consejo de los futuros bancos mientras que otros aportan la parte profesional que demanda la actual reforma.
