Siempre que hay elecciones vuelven las mismas preguntas: ¿Es justa la ley electoral en España?, ¿valen lo mismo todos los votos? ¿Es lo mismo votar en Ceuta que en Madrid? ¿Qué pasa si voto en blanco? ¿Y si no voto? El responsable del embrollo es de un tal Victor D’Hont, un abogado belga, que en el siglo XIX ideó un método para hacer reparticiones proporcionales. Con los años muchos han sido los países que han adoptado este sistema, entre ellos España, que lo usa desde 1977 para elegir a sus diputados.
Hay tres reglas fundamentales. La primera de ellas es que el sistema se aplica de manera independiente en cada provincia española, aunque el partido político se presente en todo el territorio nacional. La segunda es que cada provincia (circunscripción) tiene un número de diputados, que se asignan en función de su población. Así, mientras Madrid y Barcelona tienen 36 y 31 escaños respectivamente, en otras provincias menos pobladas como Sevilla o Asturias, cuentan con seis y ocho diputados. La última regla es que sólo participan en el juego aquellos partidos que hayan obtenido más del 3% de los votos en cada circunscripción.
Un ejemplo:
En unas elecciones, los votos por ejemplo han ascendido a 99.999, que se reparten entre cuatro partidos de un distrito, que se tienen que repartir cinco escaños. Las candidaturas se ordenan de mayor a menor según el número de votos.
Partido: A: 50.000
Partido B: 30.000
Partido C: 17.000
Partido D: 2.999
Como se eliminan los que han obtenido menos de un 3%, el partido D no obtiene diputados. A continuación se dividen los votos de cada lista entre 1,2,3… hasta un número igual de diputados asignados a cada circunscripción. En este caso cinco.
A cada una de las cifras más altas de la tabla se le asigna un diputado. Si los cocientes coinciden, el escaño se atribuye a la formación que mayor número de votos haya obtenido. En caso de empate a votos, el primer escaño se asigna por sorteo y los sucesivos de forma alternativa.
