El ministro de Economía, Luis De Guindos, anunció recientemente que el Gobierno prepara una nueva regulación sobre las participaciones preferentes, que entre otras cosas limitará a 100.000 euros el importe mínimo a colocar entre cada inversor minorista. Sin embargo, algunos expertos señalan que no se trata más que de un brindis al sol del Ejecutivo.
La nueva normativa no solucionará los problemas de los clientes afectados, que tendrán que asumir la quita impuesta por Bruselas, y al tiempo hace casi tres años que ninguna entidad coloca participaciones preferentes en el mercado minorista y no parece probable que vuelva a hacerlo.
Si es cuestionable que los clientes bancarios olviden con el tiempo el escándalo y puedan volver a comprar estos títulos, no lo es menos que los bancos vuelvan a emitir estos productos. Según recuerdan algunos observadores del sector, si bancos y cajas, tanto los que cometieron abusos como los que no, apostaron fuerte por las preferentes colocadas en ventanilla fue porque era la manera más sencilla de recapitalizarse de cara a la entonces incipiente crisis.
Sin embargo, apenas dos años después la Autoridad Bancaria Europea (EBA) eliminó a estas preferentes de la lista de productos considerados capital de máxima calidad, lo que en la práctica cerró los mercados en los que se negociaban estos títulos, dejando atrapados a los clientes. Desde entonces, y con todo el foco puesto en la solvencia, existen pocas razones para que los bancos quieran colocar preferentes.
Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa, los tres grupos de cajas nacionalizados por el Estado, tienen en circulación algo más de 4.500 millones de euros en participaciones preferentes, en las que han quedado atrapados miles de clientes que ni pueden retirar sus inversiones ni cobran intereses.
