El Real Decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada deja en el aire la mayor parte de los detalles del ‘banco malo’, que en principio deberá estar listo para finales de noviembre. Por ello, los fondos e inversores internacionales ya le hayan hecho saber a De Guindos que o les otorga ciertas concesiones, especialmente una valoración atractiva de los activos, o no invertirán en la sociedad.
La intención del ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, es que inversores privados participen en la Sociedad de Gestión de Activos, como se llamará el ‘banco malo’, hasta el punto de que en principio el FROB no debería controlar más de un 50% de su capital.
Sin embargo, la entrada de capital privado está en entredicho, ya que el Banco de España deberá hilar muy fino con las valoraciones de los inmuebles. Algunos expertos internacionales ya han alertado de la posibilidad de que se vuelva a cometer el mismo error que en Irlanda, donde el denominado National Asset Management Agency (NAMA) compró los activos basándose en unas conjeturas demasiado optimistas, como se vio posteriormente. En España, los datos oficiales indican que los precios de las propiedades residenciales han caído un 26% desde sus máximos, caída que algunos expertos elevan hasta el 40%.
De Guindos aseguró el pasado viernes, que la intención del Ejecutivo es que el instrumento no cueste dinero de los contribuyentes. Sin embargo, los inversores internacionales están presionando al Gobierno para que el ‘banco malo’ sea rentable y viable.
La valoración de los activos se ha convertido en un asunto peliagudo, ya que, tanto si se pasa como si se queda corta, podría causar graves perjuicios y un agravamiento de la crisis. Por un lado, si el precio que se paga por los activos inmobiliarios resulta demasiado generoso, el ‘banco malo’ posteriormente se vería obligado a venderlos a un precio inferior e incurrir en pérdidas, por lo que los inversores no se arriesgarán a invertir en él, a pesar de que el negocio en principio se plantea para obtener rentabilidad a largo plazo, de entre 10 y 15 años.
Por otro lado, si se paga un precio inferior al que aparece en los balances de los bancos, serán estos los que deberán asumir pérdidas contables. En principio, sólo se verán obligados a vender sus activos al ‘banco malo’ las entidades en proceso de resolución o de reestructuración, es decir, aquellas que hayan recibido ayudas públicas, por lo que si el precio es muy bajo podrían tener que recibir aún más capital público.
En ese sentido, es una incógnita si las provisiones y saneamientos del ladrillo obligadas por las reformas financieras, de hasta el 80% sobre la valoración inicial en algunos casos, serán suficientes o no para evitar mayores daños a unas entidades ya de por sí en apuros.
Otro punto que podría hacer naufragar el proyecto de De Guindos es el volumen de activos con los que se hará la sociedad inmobiliaria. Aún no se sabe cuáles serán traspasados, y en el mercado hay poco dinero, por lo que si la intención del Gobierno es que sólo un 50% de capital sea público, el tamaño de la sociedad tampoco deberá ser muy grande.
El ‘banco malo’ debería estar listo para finales de noviembre o principios de diciembre, pero aún tiene demasiados aspectos en el aire, y ni siquiera se conoce cuál será la estructura de sus órganos de gobierno.
