Hace uno días aparecieron ciertas informaciones en los medios en las que se aseguraba que algunos asesores de las grandes empresas de este país habían aconsejado a sus directivos que se planteasen trasladar su domicilios sociales a Francfort, París o Londres, para evitar así sufrir en los mercados, y otros ámbitos de las altas finanzas, el estigma de ser consideradas como compañías españolas, a pesar de que sus negocios y sus fuentes de ingresos estén repartidos por todo el mundo.
Superada la primera punzada españolista y el orgullo herido asociado a ella, quizá convenga centrarse en los aspectos prácticos de esta idea y reflexionar sobre un asunto que finalmente puede resultar mucho más beneficioso de lo que aparenta para el conjunto de los ciudadanos.
Aunque este Gobieno, y quizá también los anteriores, no haga mucho por publicitar algunas cifras, ya empieza a ser conocido que en 2007, el ratio deuda PIB español, referido a lo que debía el Estado, se situaba sólo en el entorno del 30% y, en paralelo, la recaudación fiscal boyante se traducía en un claro superávit de las cuentas públicas al reflejar unos ingresos crecientes, producto del IVA y del boyante sector inmobiliario.
Pero llegó la crisis. Y de ahí en adelante, las cuentas públicas se vieron afectadas por una brutal caída de los ingresos, cuyo origen fue la sequía radical de préstamos con que los bancos obsequiaron al empresariado patrio.
Justo después, a finales de 2008, comenzó a ser extendido por el exterior ese mantra de que los bancos españoles debían mucho dinero y por extensión también lo debía España. Pero las cifras han mostrado en todo momento que, en realidad, quienes realmente debían ingentes cantidades de dinero eran, precisamente, esas grandes empresas multinacionales domiciliadas en el país. Por lo que es de suponer que si se van fuera, arrastrarían con ellas su mochila de deuda que quedaría también ‘domiciliada’ en la nueva ubicación donde instalarán sus cuarteles generales.
A vuela pluma, y sin rigor alguno, un cálculo rápido sobre el total de la deuda que acumulan las diez mayores empresas del Ibex 35 podría situar la deuda en unos 200.000 millones de euros. Y, lo cierto es que si se resta esa cantidad a ese enunciado genérico de ‘lo que España debe’, pues la carga iba a descender lo suyo.
Para España, desde luego, esta pérdida no tendría que suponer tampoco un problema. Al menos, desde el punto de vista de los ingresos fiscales, porque, en general, el esfuerzo que realizan en este ámbitos las grandes empresas, como sucede, por cierto con todas las demás que pululan por el mundo, roza el ridículo, al situarse la cifra de su factura fiscal, según varios estudios al respecto comúnmente aceptados, en torno al 10% de su beneficio.
Falta saber si los países elegidos como eventuales anfitriones de estas multinacionales endeudadas estarían de acuerdo en acogerlas. A lo mejor piensan que ya tienen bastante con sus propios problemas y optan por rechazar a estos peculiares inmigrantes. Pero quizá sí merezca la pena que el Gobierno de Rajoy, si le llega la eventual coyuntura –ahora poco probable- de verse obligado a tomar alguna medida propia de política económica, planease una estrategia para llevar a cabo un programa de exportación de las razones sociales y los domicilios y sedes centrales de las grandes empresas endeudadas del país.
