En estos últimos días, han proliferado las imágenes dramáticas de familias sometidas a procesos de desahucio por el impago de los créditos hipotecarios que tenían contratados con sus entidades financieras, bancos o cajas. Y, como consecuencia del nuevo recrudecimiento de la crisis económica, este triste espectáculo va a continuar siendo visible durante mucho tiempo. Incluso, tal vez, se intensifique.
Sin embargo, la tragedia que afecta a un segmento creciente de la población más golpeada por la crisis, podría tener solución. O cuando menos, existen unas cuantas fórmulas alternativas que merecerían ser estudiadas por si abren caminos para poner fin a esta lacra social que acentúa la dureza del momento.
Los desahucios se producen como consecuencia del impago de los préstamos cuando las entidades de crédito instan la ejecución de la garantía, en este caso, el inmueble hipotecado. En España, y en el resto de los países en los que se mantiene vigente la tradición del derecho continental, los préstamos hipotecarios son, en realidad préstamos personales a los que se les ha añadido como aval o garantía el inmueble que se haya señalado en el contrato crediticio.
Ese es el motivo que hace imposible la dación en pago. Porque estos préstamos, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito territorial anglosajón, no están ligados a la operación de compra de un inmueble, Cuando el banco recupera el inmueble que sirvió de aval, procederá a intentar venderlo para recobrar, en todo o en parte, el dinero que prestó, pero si lo que obtiene no cubre la cantidad total, reclamará al prestatario el resto del dinero y los correspondientes intereses pactados.
La espiral infernal que origina la crisis es un proceso que se inicia con la caída del crecimiento económico que, en primer lugar, limita gravemente la capacidad del prestatario para conseguir ingresos que le permitan atender de forma puntual los compromisos de pago adquiridos. Esa situación genera el impago que, a su vez, presiona a la baja sobre los precios de los inmuebles que se desploman y generan un agujero en los bancos. Lo que les obliga a realizar dotaciones para reparar la avería.
Por eso, si una parte de las ayudas que se le proporcionan al sector bancario fuesen a dotar un fondo con el que o bien se comprasen las hipotecas impagadas o se entregasen avales a los prestatarios que no pueden abonar las cuotas de sus préstamos, se conseguiría inmediatamente que los bancos no tuvieran que provisionar las cantidades correspondientes a los posibles fallidos. Además, se frenarían los desahucios y el Estado ejercería el papel de apoyo social que se espera de él porque le corresponde.
De hecho, esta iniciativa no es nueva, ya ha sido ensayada en EEUU con un éxito razonable y, con las adaptaciones a los casos concretos que pudieran ser necesarias, quizá podría resultar efectiva también en España.
Además, tampoco es la única posibilidad. Hay o pueden encontrarse otras soluciones que sirvan para atajar los problemas a los que se enfrenta la sociedad en estos días aciagos. Lo único que no puede hacerse es insistir en esa ausencia total de iniciativas que caracterizan al actual Gobierno. Un equipo presidido por Mariano Rajoy quien, según ha manifestado públicamente, considera que los 40.000 millones de euros que, al parecer, necesita el sector financiero español para completar su saneamiento son “sólo cuatro puntos del PIB” y “no son tan importantes”.
