‘Decíamos ayer…’ es una frase que se atribuye a Fray Luis de León y que el docto religioso habría pronunciado el mismo día que retomó su actividad docente en la Universidad de Salamanca, después de que ciertos malentendidos con la justicia eclesiástica de la época le mantuvieran alejados de las urnas.
Sin querer aproximarnos ni de lejos al indudable talento del tonsurado poeta, recurrimos a la cita al vernos obligados a retomar un asunto del que ya hablamos en este mismo espacio hace un par de semanas: del hecho insólito de que los bancos, a los que ha habido que financiar con dinero público, se estén dedicando a ejecutar con saña desmedida las garantías hipotecarias de los préstamos impagados y, como consecuencia directa de este proceso, a expulsar de sus viviendas a ciudadanos que, muy probablemente, pagaron tanto el crédito como sus impuestos mientras tuvieron ingresos, más o menos, regulares.
Parecía que, por fin, esa situación cruel y paradójica había conmovido y movilizado a los legisladores que, tras ser puestos en evidencia hasta por los propios jueces encargados de hacer cumplir la Ley, iban a tomar cartas en el asunto y a buscar una solución, por medio de un pacto de amplio consenso, al drama que viven en este mismo momento muchos españoles.
Sin embargo, lo que han conseguido una vez más nuestros políticos es que los damnificados por el ‘energumenismo’ bancario tengan nuevos y poderosos motivos de desafección contra unos presuntos representantes del pueblo soberano que han vuelto a dejar patente que la distancia que les separa de la ciudadanía supera en muchos kilómetros, ese espacio, casi metafórico, que puede apreciarse hoy al pasear por Madrid entre el Congreso de los Diputados y las vallas que lo protegen de las presuntas iras de una población hastiada.
Esa es la consecuencia lógica de haber anunciado que iban a tomar cartas en el asunto y limitarse luego a convocar un almuerzo de mesa camilla entre las dos números dos de los grandes partidos, la popular Soraya Saénz de Santamaría y la socialista Elena Valenciano. Una reunión que debió ser generalista y ambigüa porque, tras su conclusión, ambas han salido a decir que si, que ya se ponen a ello y que van a hacer algo al respecto antes de fin de año.
Y, mientras tanto, los desahucios ponen semanalmente en la calle a cientos de ciudadanos y pone en cuestión, cada minuto que pasa, la capacidad del sistema democrático para solucionar los problemas que afectan a la población minando, a la vez, la credibilidad de unas instituciones cuya existencia se percibe como inútil por una amplia mayoría. Sea legal o no, por ejemplo, es absolutamente impresentable que se desaloje de su casa a una pareja de abuelos por haber avalado al nieto que se compró un piso, se quedó en el paro y no pudo seguir pagándolo.
El asunto de las hipotecas no es baladí y tiene que establecerse un mecanismo de garantía sobre ellas que detenga el deterioro imparable que sufren los activos dañados. Por eso tenemos que recordar de nuevo que en el origen del problema se encuentra el hecho de que en España estos créditos son préstamos personales, avalados por una serie de garantías, entre las que hay un subyacente que es un bien inmueble y esa característica marca una diferencia radical entre estos préstamos y las ‘mortgages’ sajonas donde la casa es la única referencia del 100% de la operación.
De modo que el problema no se puede arreglar por completo ni con la ‘dación en pago’ ni con los alquileres sociales. Pero eso, no quiere decir, ni mucho menos, que no existan alternativas que puedan usarse rápidamente para poner fin a la sangría.
Se podría, por ejemplo, como ya sugerimos desde aquí, crear una agencia pública que se adscribiera las hipotecas fallidas aportando la garantía total de pago al primer prestamista y que luego estableciera un nuevo contrato de préstamo con los hipotecados. Un papel que, incluso, podría jugar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) si se le dota de los poderes necesarios. Porque está claro que los prestatarios deben pagar la deuda contraída, por supuesto. Otra cosa es en qué condiciones de tipo de interés y de plazo. Y ahí es donde el Estado debe jugar el papel que le corresponde para proteger a sus ciudadanos.
Esa idea, que ya proporcionamos aquí, es sólo una de las posibles y no nos gusta repetirla porque no tenemos vocación providencial, pero se trata de proporcionar alternativas a personas que se acercan a velocidad de vértigo al callejón sin salida de la marginación, por culpa de una crisis que, no conviene olvidarlo, no han provocado.
