La vida da muchas vueltas y, en algunas ocasiones, nos obliga a enfrentarnos a situaciones tan paradójicas como difíciles de explicar. En los últimos tiempos, una de estas incómodas realidades se produce ante los ojos atónitos de los ciudadanos en el mundo de las entidades de crédito y, más concretamente, en las cercanías del entorno de lo que fueron, hasta no hace demasiado, las cajas de ahorros que suponían el 50% del sistema financiero español.
Sucede que los máximos dirigentes de estas compañías firmaron en su momento unos contratos, completamente legales, en los que solían adjudicarse unas retribuciones astronómica y situadas en cifras muy alejadas de las que podían imaginarse siquiera los mortales más comunes y que además les aseguraban unas indemnizaciones aún más elevadas que sus sueldos para cubrirse y asegurar su futuro en el hipotético caso de que tuvieran que abandonar su puesto.
Y así ha sido. Esos compromisos se han cumplido puntualmente y los directivos y ejecutivos de estas compañías, mayormente arruinadas por su gestión deficiente, se han ido a casa con todo el dinero pactado inicialmente.
Sin embargo, los trabajadores de esas mismas empresas financieras que han perdido su puesto a causa de la defectuosa forma en que las cúpulas directiva de las compañías llevaron a cabo su cometido afrontan sus despidos en condiciones muchísimo más adversas y reciben unas indemnizaciones que están muy lejos de asegurarles el futuro.
Y al apreciar este hecho, tampoco convendría olvidar que buena parte de los empleados de las entidades de crédito accedieron a sus puestos tras aprobar una oposición. Es decir, tras realizar unos estudios específicos relacionados con el puesto de trabajo que iban a desempeñar y demostrar que tenían los conocimientos adecuados para realizar tal labor en una prueba concreta diseñada a tal efecto.
Mientras que sus jefes, esos que tenían los contratos estelares no habían tenido que realizar ese compromiso 'biunívoco'.
Ocurre que, en esta indeseable paradoja de la que hablamos se produce el hecho de que quienes aprobaron las oposiciones y sabían hacer su trabajo soportaban la dirección de unos supuestos profesionales que accedían a esos cargos directivos sin necesidad de haber acreditado conocimiento específico alguno.
Y son los primeros, que muy poco han tenido que ver con la quiebra de las instituciones en las que prestaban servicio, quienes soportan el máximo dolor provocado por la debacle, mientras que los componentes del grupo de los contratos estelares que sí son responsables de lo sucedido han conseguido salir bien librados gracias a la protección de unos contratos en los que, aparentemente, no se les exigía absolutamente nada a cambio del dinero que iban a recibir. Unos compromisos legales que, por su puesto, los afectados invocan para acreditar su derecho a recibir las cantidades que, en su opinión les corresponden.
Y tal parece que somos testigos de una historia protagonizada por un grupo de responsables 'irresponsables', aunque algún ciudadano justamente indignado quizá prefiriera calificarles de 'recua de sinvergüenzas', que gozan además de la protección indispensable de políticos de todos los colores con quienes compartieron y comparten intereses y a quienes, en muchos casos, parecen haber conseguido convertir también en subordinados suyos.
