A uno le sorprende en estos días la velocidad con la que se suceden, uno tras otro, los múltiples acontecimientos negativos a los que tienen que enfrentarse los ciudadanos españoles, que siguen en guerra con esta larga crisis y, quizá por eso, se olvida de algunos principios básicos que siempre suele ser bueno recordar.
En los último tiempos, asistimos a un proceso de destrucción de empleo, recortes en sanidad y educación que ponen en peligro el estado del bienestar, pérdida acelerada de derechos adquiridos y, en paralelo, se produce también una constante aportación de dinero público, que aumenta la deuda de todos y que se utiliza para arreglar distintas averías provocadas por gestores ‘privados’.
La más evidente es la que se ha producido en el sistema financiero, que podría concentrarse en el enorme agujero a tapar de las cajas de ahorros con un especial protagonismo de Bankia que, sin embargo, y en honor a la verdad, no es el único caso. También hay otras entidades que, de una u otra manera, se han aprovechado del dinero de todos los contribuyentes o les han traspasado a todos los españoles la responsabilidad de pagar deudas contraídas para solucionar el problema que han creado.
Junto a Bankia y BFA, además, están ahora, en situación de nacionalización ‘de hecho’ Nova Galicia y Catalunya Caixa, entidades que van a costarle al erario público una cantidad equivalente al 3% del PIB. Sólo la fracasada fusión de Caja Madrid y Bancaja va a necesitar unos 25.000 millones de euros. Mucho dinero como para pasar página tan rápidamente como parecen querer sus nuevos gestores y algunos miembros del Gobierno.
De repente, sin embargo, da la impresión de que todo el mundo acepta que esas ayudas son una especie de préstamo a bajo interés que será devuelto cuando, una vez saneadas todas las entidades, se vendan a grupos privados. Eso sí, nadie ha hablado del precio al que se realizará supuestamente esa futura operación.
Esa especie de alucinación colectiva, instalada en España con respecto a este asunto y que impide cualquier reflexión crítica sobre el particular, no se ha extendido más allá de los Pirineos. Y quizá por eso, ha tenido que ser Bruselas quien haya puesto el despertador en marcha, al manifestar sus serias dudas sobre la posibilidad de que el dinero público destinado al saneamiento de las cajas pueda ser recuperado por el Tesoro.
En ese escenario es donde se plantea algo evidente de lo que casi todos parece que nos hemos olvidado. Como se explica en cualquier manual, si se pone dinero público, la gestión también debe ser pública. No sólo eso. Puede ser lógico vender estas entidades, siempre que aparezca un comprador dispuesto a pagar lo suficiente para que los contribuyentes vean compensado el dinero ‘invertido’.
Pero si ese eventual ‘caballero blanco’ no aparece, no hay motivo alguno para regalar las cajas nacionalizadas al primero que llegue.
No pasaría nada porque España tuviera una banca pública, con oficinas repartidas por todo el país. Una estructura de este tipo, una red propia, hubiera servido, por ejemplo, para distribuir entre las pequeñas y medianas empresas los créditos ICO que se han tenido que colocar a través de instituciones privadas con el resultado de todos conocido.
De repente, se nos ha olvidado que el dinero público es, sobre todo, público. Y debe estar en manos de gestores también públicos que hayan recibido la aprobación de los representantes de todos los españoles en el Congreso, sobre todo si hablamos de cantidades tan desproporcionadas como las que ahora están en juego.
Ese extremo, se le ha olvidado al actual Gobierno y también, lo que quizá sea peor, parece habérsele olvidado a la oposición, que también parece estar convencida de que la gestión pública es peor que la privada. Contra toda evidencia, por supuesto.
Sobre todo porque lo cierto es que lo que tienen que pagar ahora los españoles es deuda privada. No deuda pública. A 31 de diciembre de 2007, las cuentas del Estado español estaban razonablemente saneadas. El desfase vino luego.
