Nada más lejos de la intención de quien esto escribe que convertirse en una especie de príncipe Bakunin del Siglo XXI a base de entregar a sus lectores alegatos desgarrados y reivindicativos. Sin embargo, con la edad que uno tiene, resulta inevitable sumarse a la ola de indignación que provoca el comportamiento de algunos políticos españoles, más que dispuestos a dinamitar los derechos de todos en defensa del interés de unos pocos.
Que quede claro. No es la política, ni el sistema democrático lo que falla. Son estos políticos que padecemos y a los que cada vez resulta más urgente sacar fuera del escenario. Esta casta endogámica que ha exhibido en los últimos años una desvergüenza absoluta y una total falta de escrúpulos que les ha permitido al llegar al Gobierno romper, sin problema aparente los compromisos que la sociedad se ha otorgado a si misma para asegurar su estabilidad y supervivencia.
Y en ese inexorable y sistemático acoso a los derechos básicos parece que ahora le va a tocar el turno a las pensiones. Que el próximo ataque frontal se va a dirigir con toda la artillería pesada contra los pensionistas, un colectivo al que por cierto ya se ha ‘tiroteado’ bastante. No sólo con la congelación o el recorte de sus retribuciones mensuales. También con otras decisiones políticas, quizá sea mejor decir ideológicas como el ‘copago’ sanitario o con estafas manifiestas, y por las que aún no se ha juzgado a nadie, como el ‘timo’ de las preferentes.
Habría que empezar por no permitir que este colectivo de desvergonzados que ocupa ahora el poder y sus inmediatos antecesores subviertan el lenguaje. Para empezar, los jubilados, las personas mayores no son un grupo de pobres viejos merecedores de misericordia y compasión. Ni tampoco una comunidad de menesterosos sin recursos de la que debe ocuparse la beneficencia.
En absoluto. Aquí no estamos hablando del respeto debido a nuestros mayores que, por cierto, tampoco debería olvidarse. Hablamos de los titulares de un derecho que tiene la misma fuerza que cualquier otro compromiso contractual suscrito entre partes. Hablamos de personas que han cumplido su compromiso con la sociedad cotizando religiosamente durante toda su vida laboral para costear su futura pensión. Y a quienes, por lo tanto, la sociedad les debe devolver lo que es suyo. Ni más, ni menos.
Pero es obvio que los actuales gobernantes están dispuestos ahora a hacer añicos el principio de la solidaridad intergeneracional, como ya han hecho con otros tantos, en una dinámica cada vez más peligrosa que ahonda la fractura provocada por las desigualdades y que configura un infernal proceso de castigo a los ciudadanos que, por muy sufridos, comprensivos y sacrificados que sean, no puede terminar bien.
Para contar las cosas como fueron hay que recordar que fue el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien puso en marcha este esquema de demolición. Lo hizo aquel aciago lunes e histórico miércoles 12 de mayo de 2010 en que llegó al Congreso tras haber pasado una mala noche donde debieron aparecérsele una tras otras, las tres greas que en la mitología griega anunciaban el apocalipsis y el horror.
Fue así como se subió a la tribuna de los oradores para poner fin en dos minutos a casi el 80% de la doctrina política y social defendida por el PSOE a lo largo de sus 134 años de historia. Fue este presidente socialista quien abrió la caja de Pandora del recorte de las pensiones, las bajadas de sueldo a los funcionarios, el empeoramiento de las condiciones de jubilación y la rebaja de las ayudas a la dependencia, entre otras lindezas. Y conviene no olvidarlo.
De ahí, para adelante, ya con el PP y con Mariano Rajoy en el Gobierno sólo hemos mejorado, hasta llegar a un punto en el que, como decíamos antes, uno siente vergüenza de vivir en una sociedad, cuyos dirigentes no reconocen el principio de la solidaridad intergeneracional. Y por lo mismo se disponen a realizar el enésimo fraude contractual de esta larga serie que ya les ha permitido acumular unas cuantas muescas en la culata del revolver al estilo de todas las que consiguieron con la última reforma laboral, sin ir más lejos.
Así que, y hay que repetirlo como aviso a navegantes, ahora le toca a las pensiones públicas. Menos mal, aunque sea un pobre consuelo, que tras el fracaso sin paliativos experimentados por los fondos de pensiones privados, nos vamos a ahorrar esta vez la cantinela que hemos oído durante años. Aquella con la que unos cuantos economistas de relumbrón defendían que estos sistemas de gestión eran mucho más fiables que una Seguridad Social que quebraría más pronto que tarde.
