Jeroen Dijsselbloem, el nuevo presidente del Eurogrupo ha realizado unas polémicas declaraciones sobre el rescate de Chipre que, sin embargo, no deberían serlo tanto si, como parece, lo que defiende el político holandés es que quienes han tomado parte en la organización de un desastre, deben contribuir a pagar la factura del arreglo de los desperfectos.
Falta saber, si más allá de las palabras dichas en público para consumo de los electorados nacionales, esta vez, de verdad, las autoridades europeas van en serio y tienen pensado llevar a cabo el plan. Y lo cierto es que, a estas alturas, es difícil estar seguro de que vaya a ser así.
No hay nada malo en que un banco quiebre, si debe hacerlo. Lo razonable es que los supervisores lleguen rápido a los lugares en los que se ha producido el incendio y allí mismo establezcan las responsabilidades correspondientes. Con la máxima rapidez posible.
Lo ideal sería que en el plazo de un mes, los técnicos determinaran si la entidad financiera en cuestión es o no es viable por si misma y, en paralelo, si hay indicios de posibles delitos en la gestión realizada por los responsables del banco. Y si hubiera sospechas, por mínimas que fueran, deberían investigarse.
A partir de ahí, todo sería más fácil. Sobre todo si lo que se persigue es lo que se ha dicho. Si va a hacer falta poner dinero público, en cualquiera de los formatos que existen, para reflotar un banco, esa compañía debe convertirse en estatal, sin recovecos ni extrañas fórmulas indeterminadas, al estilo del FROB español, cuyos propios componentes no llegan a saber nunca muy bien cuál es la identidad última de la empresa para la que trabaja. Ni quienes son los propietarios a los que deben rendir cuentas de la gestión que les han encargado.
Pero si lo que hay que hacer es proceder a una liquidación ordenada de la entidad financiera agujereada, que se haga. Respetando, por supuesto, esa garantía establecida por Europa para los depósitos de hasta 100.000 euros. En el resto de los casos, si son necesarias quitas o algún bonista o ahorrador poderoso pierde parte de su dinero, que lo pierda. Y si los afectados por estas circunstancias creen que fueron estafados que acudan a los tribunales en busca de reparación.
Por supuesto, si la presunta estafa alcanza unas dimensiones tan generalizadas como las que parecen tener las preferentes en España, lo que toca es que el gobierno de turno tome la correspondiente decisión política y asuma el coste que esta pueda tener. Que opte por indemnizar a los afectados contra los Presupuestos Generales del Estado, por cualquier otra solución, o por no hacer nada y sus portavoces expliquen la determinación adoptada a la ciudadanía. Con total claridad.
La rapidez con la que actuaron en su día las autoridades estadounidenses para resolver la crisis bancaria que se desató en su país es un buen ejemplo a seguir. No sólo por la forma en la que se colocó el dinero público necesario para asegurar la viabilidad de todas las entidades afectadas. También por los cambios introducidos en los equipos de gestión a toda velocidad, para marcar verdaderamente que se estaba hablando de una nueva etapa.
Además, aunque algunas cifras no acaben de cuadrar del todo, de una u otra forma, los contribuyentes han recuperado parte de lo que entregaron. Con una importante virtud adicional indispensable, que corrió por cuenta de la FED. En ninguna de las fases de este proceso de saneamiento, el sistema productivo se ha visto afectado por la escasez de crédito, por lo que la destrucción de empleo provocada por la crisis ha sido mucho menor que en los países europeos.
Es hora de dejar claro, que las finanzas son un sector de la actividad económica como cualquier otro y que la cantinela de los ‘riesgos sistémicos’ no es más que un invento de los profesionales de esta disciplina para constituirse en una excepción autorizada. Entre otras cosas, porque si esos peligros existieran como tales, la obligación de los gobiernos sería desmontar esas entidades de tan alta toxicidad para proteger a los ciudadanos. Lo mismo que harían con una central nuclear o una petroquímica.
Y eso es así, porque los gobiernos no están constituidos para atender los intereses de los grandes grupos financieros, si no los de los ciudadanos que les han votado. Y ahora parecen correr en sentido contrario. La gran masa de dinero virtual que creció sin control por la falta de unos supervisores con capacidad de ejercerlo ha estado en el origen de una crisis que la población mundial se ha visto obligada a pagar de muchas maneras, primero en forma de una contracción económica devastadora que les ha empobrecido y les ha dejado sin trabajo.
Luego aportando dinero de sus impuestos para sanear las averías bancarias, en una ruleta infernal que aumentaba la deuda de los estados y forzaba a los ejecutivos a aplicar severos recortes para equilibrar los presupuestos, hundiendo aún más las economías baqueteadas.
Es obvio que se trata de una situación a la que hay que poner fin y que debería, además, tener serias consecuencias para algunos señores de las grandes finanzas que están en el mismísimo epicentro del terremoto. Por eso, ojalá fuera cierto que por fin Europa tiene la intención de hacer caer sobre los responsables de la crisis todo el peso de sus actos. Sin embargo, como decíamos al principio, la experiencia obliga a mantener la cautela. Habrá que ver si lo que dijo Jeroen Dijsselbloem sigue en pie dentro de un par de meses, porque también es probable que haya sido olvidado.
