La Marea Blanca sigue adelante con su campaña de ‘cerco’ a las empresas que suenan como potenciales candidatas a repartirse el ‘pastel’ sanitario de Madrid. Así, tras las protestas que el colectivo llevó a cabo frente a la sede de Capio y de Sanitas, hoy le ha llegado el turno a Ribera Salud, participada al 50% por Bankia y el Sabadell. Esta compañía fue la primera en gestionar un hospital público en España, concretamente en la Comunidad Valenciana, impulsando así el conocido ‘Modelo Alzira’ de colaboración público-privada.
La convocatoria ha corrido como la pólvora en las redes sociales, donde han sido muchos los que llamaban a participar en esta nueva protesta contra la privatización de seis hospitales y 27 ambulatorios orquestada por Ignacio González, a partir de las 11:30 horas en la calle Núñez de Balboa 31.
Bajo el lema ‘La salud de los madrileños en manos de especuladores y evasores fiscales. No podemos permitirlo’, profesionales y pacientes han organizado esta acción para “cantarle a los de Ribera Salud que son otros chorizos que se lucran con la salud” de los ciudadanos.
El pasado 16 de abril, José, un médico del Clínico y miembro de PATU-Salud, dijo a EL BOLETÍN que Capio (ahora IDC Salud) fue la primera en centrar las protestas de la Marea Blanca porque gestiona cuatro hospitales públicos en Madrid (Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y Collado Villalba, aunque este último está cerrado).
“Empezamos por aquí”, señaló el facultativo, tras lo que anunció que en las próximas semanas acudirían frente a las sedes de otros grandes de la Sanidad para evitar que en la región “haya sitio para todas” gracias a las medidas del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. “Estamos dispuestos a no parar”, concluyó.
Dos semanas después de esta acción le llegó el turno a Sanitas, una acción con la que la Marea Blanca quería dejar claro a las empresas que podrían hacerse con la gestión de los hospitales que se van a externalizar que “estamos enfrente” para defender la Sanidad pública.
Y aunque este colectivo sigue adelante con sus protestas, ya no está tan claro que estas empresas vayan a acudir al concurso abierto recientemente por la Comunidad de Madrid. Capio, Sanitas y Ribera Salud podrían pensárselo dos veces después de que el Constitucional haya admitido a trámite un recurso del PSOE contra las privatizaciones sanitarias de Ignacio González.
Modelo Alzira
El denominado ‘Modelo Alzira’ nació en 1999, cuando la Generalitat valenciana adjudicó a Ribera Salud la gestión del Hospital público de La Ribera, ubicado en la localidad de Alcira. Esta colaboración público-privada bajo la modalidad de concesión administrativa está basada en cuatro pilares fundamentales: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada.
La adjudicación a Ribera Salud de la gestión de este hospital fue muy criticada por oposición y los sindicatos, hasta el punto de que en 2002 CCOO denunció que el presupuesto asignado este centro para la atención de su zona de referencia era muy superior al asignado a otras zonas con la misma población.
La polémica estaba servida, y sólo un año después, en 2003, la concesionaria reconoció que no podía hacer frente a la explotación del hospital por sus pérdidas y recurrió a la Generalitat, que como ‘favor’ anuló el contrato y concedió una indemnización a Ribera Salud por un supuesto lucro cesante de 25 millones de euros.
La oposición criticó esta operación al no entender por qué se liberaba a la empresa de una obligación al no ser rentable el hospital, y a la vez se la compensaba por el dinero que dejaría de ganar al no seguir con ese negocio ‘ruinoso’.
Tras este proceso, la Generalitat abrió un nuevo concurso, en el que aumentó un 68% las cantidades que pagaría por la explotación del hospital, y pese a los malos resultados de la experiencia anterior adjudicó de nuevo a Ribera Salud la gestión del centro.
