La ley contra las prejubilaciones que aprobó el pasado mes de abril el Gobierno ha complicado las negociaciones de los ERE de las cajas rescatadas más rezagadas, presionadas por un lado por unos sindicatos que se niegan aceptar unas condiciones peores que los acordados en otras entidades y por el otro por Bruselas, estricta en lo que supone el coste máximo que pueden tener los procesos de reestructuración.
BMN afronta los últimos días de negociación lejos de cualquier acuerdo, y con la amenaza de dos jornadas de huelga la próxima semana. La entidad, que ha recibido 730 millones de euros de la UE, ha planteado más de 900 bajas, de las que tan sólo 75 se cubrirían con prejubilaciones, según la propuesta presentada la semana pasada. Frente a esa posición, los sindicatos consideran que la reestructuración podría limitarse a 650 trabajadores afectados, con más de 350 prejubilaciones.
Si BMN lo tiene difícil, Caja España-Duero ha logrado cerrar un acuerdo con UGT y CSICA, que representan el 70% de la representación legal, si bien ha levantado fuertes críticas de CCOO y un cruce de declaraciones entre las secciones sindicales.
Tal y como defiende este último, el plan aprobado por Bruselas para Caja España-Duero contemplaba unos costes para la reestructuración de la plantilla de 95 millones de euros. Sin embargo, sólo el coste de las ‘prejubilaciones’ supone unos 150 millones de euros, ya que al importe de la indemnización en si mismo se suma el pago del convenio especial, el ingreso al tesoro por desempleo, Seguridad Social del desempleo y el canon por subsidio.
Por ello, para poder cubrir la diferencia, el resto de trabajadores de la entidad deberá asumir recortes salariales en los próximos tres años de cifras superiores a los 40 millones de euros, que se suman a los recortes de sueldos asumidos con carácter estructural y que en algunos casos pueden superar el 20%.
El pasado mes de abril entró en vigor el polémico decreto ley sobre las jubilaciones anticipadas que, entre otros aspectos, obliga a las empresas con beneficios a abonar el paro a sus trabajadores afectados por un ERE, con el objetivo de poner fin a las prejubilaciones masivas en el sector financiero. En otras palabras, las compañías con pérdidas que en los próximos cinco años sumen al menos dos con beneficios tendrán que hacerse cargo del coste de las cotizaciones, las prestaciones y los subsidios por desempleo.
Además, la empresa también tendrá que hacerse cargo de las prestaciones, si el porcentaje de despedidos mayores de 50 años es mayor que el de empleados de este colectivo que permanecerá en la compañía.
