Durante los últimos dos años y medio, Portugal ha sido el alumno aventajado de la Troika –el grupo que forman los acreedores institucionales de los países del euro que han recibido ayudas-. Con una línea de austeridad firme, una población más o menos serena y unos políticos comprometidos con Bruselas, el país había logrado reducir su déficit público en dos tercios desde la recepción de las ayudas, en la primavera del 2011. Por ese motivo, el entramado financiero esperaba con optimismo y satisfacción su regreso a los mercados. Sin embargo, la crisis política desatada esta semana ha espantado las buenas perspectivas.
«Portugal emitió el pasado mayo bonos a diez años y apenas necesitaba una o dos subastas más para recobrar su estatus de país con acceso a [la financiación] de los mercados, pero en las circunstancias actuales parece que eso ya no va a ser posible». Esto es lo que establece un informe elaborado por los analistas de Nordea, uno de los principales bancos de inversión de Escandinavia, que fue publicado ayer. Una opinión parecida es la que se puede encontrar en las notas realizadas por la analista del banco estadounidense Citigroup, Giana Giani.
Giani asegura que la crisis política que atraviesa el país «reduce las posibilidades de conseguir una salida suave de su programa de rescate [cuya fecha oficial de finalización es junio del 2014], puesto que la financiación que podían otorgar los mercados parece cada vez más lejana». La experta del banco americano explica que la incertidumbre en torno al Gobierno que lidera el conservador Pedro Passos Coelho, próximo a la desintegración, hace aumentar, a su vez, la incertidumbre en torno a la sostenibilidad de la deuda pública del país.
La situación es la que sigue. A finales de junio el país sufrió una huelga general que apoyaron –algo inédito en Portugal- los dos grandes sindicatos y, también, la patronal de empresarios. La convocatoria quería protestar, sobre todo, contra las políticas de austeridad del Gobierno de Passos Coelho. Unos días después, el 1 de julio, el primer ministro luso recibió una carta de Vítor Gaspar, su ministro de Finanzas. Gaspar ofrecía su dimisión alegando que había perdido credibilidad ante la sociedad y ante los inversores por haber mantenido unos recortes no traducidos en los datos macroeconómicos esperados. Mientras Passos Coelho nombraba a un sustituto –María Luís Albuquerque- en tiempo récord para evitar una crisis de gobierno, llegaba el segundo mazazo: Paulo Portas, ministro de Exteriores y el líder del Partido Popular luso, principal compañero de coalición del PSD de Passos Coelho, también anunciaba su dimisión.
Si el PP portugués retira su participación del Ejecutivo, Passos Coelho se vería forzado a convocar elecciones anticipadas. De hecho, este miércoles Steen Jakobsen, el economista jefe de la entidad danesa Saxo Bank, aseguraba que el Gobierno de Passos Coelho no llegaría al fin de semana.
Ante esta posible ‘salida’ de la crisis política actual –la caída del Gobierno- los mercados se alarmaron. La prima de riesgo portuguesa se disparó (actualmente está situada en torno a los 520 puntos básicos, aunque a lo largo de la semana ha llegado a situarse por encima de los 600 puntos) y la Bolsa de Lisboa, el miércoles, se desplomó un 6%. Por su parte, Barclays Research indicó en un documento que la deuda pública de Portugal no va a parar hasta situarse por encima del 130% en relación al PIB. La reacción de los mercados ante este escenario fue identificado desde Citigroup como el abono idóneo para que el país tenga que recibir un segundo rescate, como ya sucedió con Grecia. Ello implicaría, en opinión de los expertos del banco estadounidense, una más que posible quita que afectaría, una vez más, a los acreedores privados del país.
