Dice Ecologistas en acción que la Comunidad de Madrid sale de nuevo al rescate de la finca de celebración de eventos ‘La Muñoza’, situada en un espacio protegido y explica que “tres meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara la licencia municipal de actividad de esta finca, los servicios jurídicos del gobierno autonómico han solicitado la nulidad de esta sentencia, a pesar de que no fueron parte del proceso judicial ni tienen competencias en el caso.
Ecologistas en Acción considera que la actuación es grave y que podría estar destinada, una vez más, a favorecer a Carmen Cafranga, socia de la mujer de Ignacio González y responsable principal de ‘La Muñoza’.
Este colectivo explica que aunque la finca “es propiedad de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, la actividad de celebración de eventos la realiza la sociedad Las Higueras del Tambor S.L, entidad a quien se ha cedido el usufructo. Esta sociedad está participada al 50% por la citada fundación y al 28% por Carmen Cafranga Cavestany. De facto, Cafranga controla el 78% de la sociedad, al ser presidenta de esta fundación. Carmen Cafranga es socia de la mujer de Ignacio González en Subastas Segre”.
Subvenciones y exenciones fiscales
Informan los ecologistas que desde su constitución, en febrero de 2006, Las Higueras del Tambor S.L se encarga de la explotación de La Muñoza. Además en noviembre del mismo año se registró como Centro Especial de Empleo de la Comunidad de Madrid. De esta forma, compagina la actividad mercantil con la formativa y la contratación de personas con dificultades psíquicas o físicas, lo que la convierte en receptora de subvenciones, exenciones fiscales, etc.
Pero sin embargo, tal y como denuncia este colectivo, “los eventos que se organizaban en la finca, bodas, banquetes, galas promocionales de grandes marcas, parecen, a todas luces, superar las actividades formativas bajo las que se amparaba para organizar eventos”. “Estas actividades no están autorizadas en el espacio protegido como es el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, donde se ubica la finca”-
Sin embargo, para Ecologistas en Acción lo más llamativo del caso es “la última actuación de la Comunidad de Madrid que parece haber salido nuevamente en defensa de los intereses de Carmen Cafranga”, después de que el pasado abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), anulara la licencia de actividad concedida por el Ayuntamiento de Madrid en 2007.
Hace notar este colectivo que aunque la Comunidad de Madrid no fue parte en dicho procedimiento judicial y tampoco tiene competencias en el caso, dado que lo que se ha anulado es la concesión de una licencia municipal del Ayuntamiento que preside Ana Botella, y a pesar de que la sentencia del TSJM es firme, los servicios jurídicos han presentado un incidente de nulidad pidiendo la suspensión de la ejecución de la sentencia”.
Denuncian los ecologistas “esta maniobra de la Comunidad de Madrid, sólo parece beneficiar a la fundación y a la sociedad que regenta Carmen Cafranga” en perjuicio de los objetivos de conservación del espacio protegido donde se ubica la finca.
Por ello, Ecologistas en Acción califica de muy graves estos hechos porque se podrían estar destinando fondos y servicios públicos para favorecer a una entidad privada vinculada a una persona allegada al presidente Ignacio González.
