La Marea Blanca se ha tomado hoy con mucha tranquilidad la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de permitir que la Comunidad siga adelante con la privatización de seis hospitales que quiere tener completada en septiembre. Esa no es su batalla.
Lo que los profesionales de la sanidad pretenden es mucho más. Invalidar completamente el plan forjado por el PP madrileño de convertir el cuidado de las salud de los ciudadanos en un inmenso negocio e incluso conseguir que los responsables de su puesta en práctica reciban un justo castigo.
Se lo merecen. O al menos esta es la opinión mayoritaria dentro de la Marea Blanca. Algunos miembros del movimiento de protesta de los médicos recuerdan, por ejemplo que en septiembre de 2008, el propio Güemes, exconsejero de Sanidad, convocaba a las empresas para explicarles el plan del Gobierno madrileño, que presidía Esperanza Aguirre, con un demoledor eslogan: “Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa
Esos son los pilares de la querella criminal que presentó la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las organizaciones más activas de la denominada Marea Blanca, en un tribunal madrileño. En el texto, que fue admitido a trámite a finales de junio, los profesionales de la sanidad denunciaban supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestación del plan privatizador.
En dicho proceso, el juzgado de Instrucción número 4 de Madrid citó a declarar como imputadas a nueve personas, entre ellas a Manuel Lamela y Güemes, predecesores de Lasquetty en la Consejería de Sanidad y a representantes de Capio y Ribera Salud, empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.
En su querella, Afem ponía de manifiesto la sospecha de que la gestión privada del hospital Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Hospital de Torrejón había incurrido en irregularidades.
Nada que ver con lo que ha pasado hoy. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado la suspensión cautelar a la privatización de seis hospitales madrileños. El órgano judicial no ha admitido el recurso presentado por el PSM para interrumpir la adjudicación de estos centros a Sanitas, HIMA San Pablo y el consorcio formado por Ribera Salud, OHL y El Corte Inglés, pues considera que no procede que la formación interponga una reclamación por un cambio en las condiciones del concurso.
La demanda del partido de Tomás Gómez se centraba en una modificación de última hora que hizo la Consejería de Sanidad en los pliegos, pero el TSJM considera que quien tendría que reclamar serían las empresas que podrían haberse visto afectadas.
De hecho, cuando se produjo la aplicación de la suspensión, desde los colectivos profesionales del sector se restó importancia a la victoria conseguida. Casi daban por descontado que lo que ha sucedido hoy iba a pasar.
También por eso las palabras de Lasquetty, que esta misma tarde ha asegurado que espera que el proceso de privatización de los hospitales esté listo para septiembre, no han desmoralizado a un movimiento que lo que quiere es acabar con el proyecto de raíz. “Vamos a seguir en marcha”, han asegurado fuentes de este colectivo a EL BOLETIN.
El colectivo médico ha resaltado que la demanda del PSM “era sólo sobre un defecto de forma en los pliegos”, por lo que, en su opinión, esto no significa que el TSJM avale la “externalización” de la Sanidad, tal y como lo denomina el Ejecutivo regional.
Las espadas en alto, las protestas de la Marea Blanca van a seguir en las calles y la plataforma va a continuar con sus acciones, entre ellas la vía legal, para frenar de manera definitiva el plan de la Comunidad de Madrid.
