La pugna por el ‘caso Bárcenas’ entre Ruz y Gómez Bermúdez, la querella de la Fiscalía contra el juez Elpidio Silva por encarcelar a Blesa y las arremetidas políticas contra la jueza de los ERE y el instructor del caso Nóos marcan un año convulso. El año 2013 se recordará como el año en el que se convirtió en una ‘cuestión de Estado’ si era Pablo Ruz o Javier Gómez Bermúdez el magistrado que debía estar al frente de la instrucción del ‘caso Bárcenas’. Otro juez, Elpidio Silva también estuvo y está en el centro de las disputas políticas después de ‘atreverse’ a encarcelar al expresidente de CajaMadrid, Miguel Blesa, mientras que la juez Mercedes Alaya, heroína para unos y villana para otros, es objeto de arengas, en contra y a favor, por su instrucción del caso en el que se investigan los supuestos ERE irregulares en Andalucía. Por otro lado, el juez Castro, que investiga el ‘caso Nóos’ también sufre ataques de uno y otro bando político, entre sospechas de favorecer a la Familia Real.
La pugna entre Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez para ver quién investigaba los papeles de Bárcenas ha sido uno de los aspectos destacados de la crónica judicial de este año ya que provocó un conflicto de competencia en la Audiencia Nacional.
Izquierda Unida, junto a otros cuatro colectivos, presentó en la Audiencia Nacional una querella contra Bárcenas, Álvaro Lapuerta, varios dirigentes del PP y diez empresarios de la construcción por los papeles del extesorero que recogen una supuesta contabilidad B del PP que recayó en el juzgado de Gómez Bermúdez, el juez del 11-M -cuya sentencia no gustó a la derecha y a los medios de comunicación más conservadores- y ahí comenzó el conflicto.
Ruz, arropado por el PP, consideraba que había suficientes elementos de conexión entre Gürtel y los papeles de Bárcenas como para investigarlos en el mismo procedimiento, con una pieza separada. Bermúdez, jaleado desde las filas socialistas y desde IU, defendía sin embargo que Ruz no se interesó por el caso hasta que él lo asumió, negando hasta ese momento conexiones suficientes entre ambas investigaciones, y que la posible financiación ilegal del PP excedía el ámbito Gürtel, por lo que quería instruir la causa.
La Audiencia Nacional se convirtió en una especie de olla a presión, tanto que incluso se impidió al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas declarar ante el magistrado Javier Gómez Bermúdez mientras se resolvía la competencia –dicen que siguiendo los designios del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón-lo que provocó que Izquierda Unida se querellara contra los tres jueces que impidieron dicha declaración.
Al final, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal lo decidió, por dos votos frente a uno, apartar del caso a Gómez Bermúdez.
Caso Blesa
Pero el pulso entre Ruz y Goméz Bermúdez y el enfrentamiento político que ha provocado no ha sido una excepción en este año que se acaba y en el que se ha puesto de manifiesto la división de la Justicia.
Uno de los casos más llamativos de este año ha sido el de Elpidio José Silva, que se colocó en primer plano de la actualidad por enviar a la cárcel, hasta en dos ocasiones, al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ‘osadía’ que le ha costado sentarse en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía presentó una querella contra él, en la que le acusa de prevaricación y otros delitos cometidos en la instrucción de la causa contra Blesa y se enfrenta a una posible inhabilitación de 40 años.
A día de hoy, su carrera como juez de instrucción está en el aire y se encuentra temporalmente suspendido de funciones desde finales de julio.
La juez Alaya se ha convertido también en otra juez ‘estrella’ debido tanto a los elogios como a las críticas con las que están recibiendo los partidos políticos y los sindicatos su actuación en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía.
Jaleada por el PP, y cuestionada por los socialistas, especialmente después de que citara como imputados a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a la exministra y exconsejera de Hacienda andaluza Magdalena Álvarez, autos que fueron recurridos por la Fiscalía.
Las declaraciones políticas en contra de la juez subieron de tono, tanto que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vio obligado a salir en dos ocasiones a apoyar de nuevo a la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya y rechazar las presiones políticas a las que está siendo objeto.
Posteriormente, en octubre, Mercedes Alaya fue abucheada a las puertas del juzgado por un grupo de militantes de CCOO y UGT, incidentes que provocaron que la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla saliera en apoyo de la instructora lamentado el abuso de la “crítica política” contra resoluciones judiciales y su “uso partidista”.
El juez del ‘caso Nóos’ es otro caso de ‘instrucción’ seguido milimétricamente por los partidos políticos que ponen en la diana diariamente al juez Castro por la implicación en la causa de los duques de Palma.
Los reproches a Castro provocaron incluso se presentara una querella contra un político. La presentó Manos Unidas y el querellado fue el diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte a quien se acusó de un presunto delito de injurias contra el juez del ‘caso Nóos’, del que dijo, durante una entrevista en RNE, que buscaba aumentar su «protagonismo personal» mediante la imputación de la infanta Cristina.
El Tribunal Supremo archivó la querella, en coincidencia con el Ministerio Fiscal, al considerar que los hechos no son constitutivo de delitos «dado el contexto en que tuvieron las manifestaciones con ocasión del intenso debate que se produjo por la imputación» de Cristina de Borbón.
