Justicia

Ignacio González lidera la rebelión de las autonomías contra las tasas judiciales de Gallardón

Ignacio González, presidente de la Comunidad de MAdrid

Las comunidades exigen que la recaudación se destine íntegramente a financiar la justicia gratuita. Madrid amenaza con pedir la derogación de la ley. Las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, exigen que el dinero recaudado con las tasas judiciales se destine íntegramente a financiar la justicia gratuita, como prometió el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Las autonomías se rebelan contra el tope impuesto por Gallardón para financiar la justicia gratuita de las nuevas tasas y recuerdan que el artículo 11 de la ley de tasas establecía que el dinero estaría destinado a financiar la justicia gratuita.

Así lo pusieron de manifiesto los consejeros de todo signo político tras la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebró ayer bajo la presidencia del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, debido al accidente doméstico del ministro.

El Gobierno autonómico más combativo con la idea de poner un tope a fue el de la Comunidad de Madrid que preside Ignacio González. Su consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria anunció se planteará pedir la derogación de la Ley de Tasas si su recaudación no se dedica íntegramente a justicia.

Victoria ha rechazado la propuesta del Ministerio y ha pedido que la cantidad íntegra recaudada por las nuevas tasas se destine a la financiación de la justicia gratuita.

“Estamos insatisfechos y decepcionados”, reconoció el número dos de Ignacio González tras la reunión, a la vez que ha recordado que la ley de tasas ya tenía la oposición de todo el ámbito judicial y se sustentaba en esa mejora de la justicia gratuita, declaraciones recogidas por Europa Press.

Por ello ha adelantado que, si el Gobierno no modifica su propuesta, la Comunidad de Madrid podría llegar a pedir la derogación de la ley de tasas, que quedaría como un instrumento «meramente recaudatorio» y no ayudaría a convertir a la justicia en el servicio público esencial que merecen los ciudadanos.

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