Crisis de Bankia

Lazard aconsejó a Rato que Bankia comprara Novagalicia para evitar la quiebra

Rodrigo Rato, expresidente de Bankia

El banco asesor Lazard avisó a Rato de la posible caída de BFA Bankia dos meses antes de la nacionalización de la entidad. Apenas dos meses antes de la nacionalización de la entidad, el banco asesor Lazard avisó al entonces presidente de BFA Bankia, Rodrigo Rato, de la grave situación en la que se encontraba el grupo, y le recomendaba que acometiese una fusión con Novagalicia o CatalunyaCaixa que otorgase nuevas ayudas estatales.

Así lo publica hoy El Mundo, que cita un informe “estrictamente confidencial” fechado el 28 de febrero de 2012 que está ya en manos del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. En este documento, Lazard avisa a Rato de que “el valor contable de la participación de BFA en Bankia en diciembre de 2011 ascendía a 12.000 millones cuando su valor de mercado es actualmente de 2.769 millones. La reducción del valor podría provocar que los fondos propios de BFA se redujeran sensiblemente o que incluso fueran negativos en 2012”.

Este descuadre fue el que llevó a la auditora Deloitte a negarse a firmar las cuentas de 2011, acelerando unos acontecimientos que llevaron a la salida de Rato, el desembarco de José Ignacio Goirigolzarri y la nacionalización de la entidad en mayo de 2012.

Para evitar esta situación Lazard aconsejaba a Bankia que acometiese una fusión con una tercera entidad. “Las entidades con mejor encaje estratégico con Bankia que además podrían aportar ayuda estatal en el momento de la fusión son NovaGalicia Banco y Catalunya Banc”, recomendaba el banco asesor.

En concreto, Lazard apostaba por la entidad gallega y consideraba “previsible” que el ministro de Economía, Luis De Guindos, respaldara la fusión con “ayudas mediante un EPA (Esquema de Protección de Activos), así como una inyección de capital, lo que supondría una mejora en la solvencia de la entidad fusionada”.

También apostaba por que el Gobierno crease un banco malo avalado por el Estado que se quedaría con los peores activos inmobiliarios.

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