Regresan al mercado los rumores de un troceo de CatalunyaCaixa ante a dificultad de vender una entidad en una situación delicada y con una imagen muy dañada. Los líos en los que se está viendo envuelta CatalunyaCaixa, que deberá indemnizar a su antigua cúpula directiva con 1,2 millones de euros, han vuelto a despertar los recurrentes rumores de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) deberá trocear la entidad y venderla por partes, ante la dificultad de encontrar bancos interesados en hacerse con la totalidad de la catalana sin recibir a cambio ayudas públicas.
Según aseguraba ayer ABC, el proceso de troceo de CatalunyaCaixa incluiría créditos fallidos, entre ellos varias carteras de créditos inmobiliarios, por valor de menos de 100.000 euros cada una. También se intentarán vender paquetes accionariales y unidades de negocio.
En esa línea se encontraría la venta de la inmobiliaria de CatalunyaCaixa, cuyo concurso volvió a abrirse recientemente tras la ruptura del acuerdo con el consorcio formado por los fondos Kennedy Wilson y Värde Partners, que se había anunciado en agosto del año pasado.
El volumen de activos bajo gestión de CX Inmobiliaria es superior a 8.700 millones de euros. Estos activos son propiedad de la propia CatalunyaCaixa y de la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), tras el traspaso realizado en el marco del proceso de recapitalización de la entidad en diciembre del pasado año.
El cierre de la transacción hubiese permitido obtener plusvalías directas a CatalunyaCaixa y focalizar su actividad en la banca minorista, por lo que el mercado da por descontado que hasta que no se encuentre un comprador para la división inmobiliaria, la subasta del resto de la entidad quedará en ‘stand by’. Según aseguraba ElConfidencial.com, Magic Real Estate, que gestiona activos por valor de 2.600 millones de euros, podría ser el comprador de esta unidad de negocio.
Pero la dificultad de encontrar compradores para estas unidades, paso necesario para poder subastar la entidad ‘limpia’, no es la única dificultad a la que se enfrenta el FROB, que está viendo como los líos judiciales hacen poco por mejorar su imagen.
Esta misma semana se conocía que el juez del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, Francisco Leal, obliga al FROB a readmitir al expresidente de CatalunyaCaixa Adolf Todó y al exconsejero delegado Jaume Masana en sus cargos, o a pagarles una indemnización de 600.000 euros a cada uno por despido improcedente. El fondo de rescate ya ha anunciado que recurrirá esta decisión.
Además, hay que tener en cuenta que el actual expediente de regulación (ERE) en curso aún podría ser anulado por los tribunales, después de que el sindicato ATRAE haya decidido presentar un recurso de casación ante la decisión de la Audiencia Nacional de dar vía libre al ajuste. Un revés judicial obligaría a abrir una nueva negociación.
A estos casos, hay que sumar además los de los clientes que han decidido llevar a los tribunales a la entidad rescatada por asuntos como las preferentes y la deuda subordinada o las cláusulas suelo.
Más allá de los líos en los que está envuelta CatalunyaCaixa, algunos observadores del sector financiero apuntan las dificultades inherentes a la operación después de que tanto CaixaBank como Banco Sabadell, principales entidades catalanas, ya se hayan hecho con otras entidades en apuros desde que comenzó la crisis. La Caixa se hizo con Banco de Valencia y el Sabadell con la CAM, y parece poco probable que se aventuren a otra compra que además, en este caso, no vendrá acompañada de un esquema de protección de activos.
Muchos rumores del mercado apuntaban ya a finales del año pasado a que la venta no se realizaría al menos hasta el tramo final de 2014, cuando ya se hubiesen realizado los test de estrés del BCE y la revisión de calidad de los activos (AQR) de la banca europea.
La principal razón, que los bancos sanos que optan a hacerse con CatalunyaCaixa no quieren arriesgarse demasiado a encontrarse alguna sorpresa desagradable en estas pruebas. Sin embargo, el informe de los expertos internacionales que contrató el FROB ya avisaba de que la mejor opción era vender la entidad, que ha recibido más de 12.000 millones de euros de ayudas públicas, cuanto antes.
