Los expertos de Anticorrupción precisan que es necesario trabajar sobre la protección de testigos y una norma que permita atraer a todos los denunciantes con todas las garantías. Los Fiscales encargados del departamento Anticorrupción del Ministerio Público señalan que es necesario cambiar las leyes para que el enriquecimiento injustificado de políticos y funcionarios sea considerado delito. Solo así, explican que se puede luchar contra aquellos que trabajan en la Administración y su nivel de vida no puedan ser sostenidos con sus sueldos.
Según fuentes del diario El Mundo, sería necesario un protocolo que proteja a los testigos de los casos de corrupción; pues pueden estar sujetos a amenazas y presiones. El segundo punto en el que tendrían que trabajar, es en una norma que permita atraer a los denunciantes con todas las garantías. Las fuentes de la Fiscalía Anticorrupción indican al diario que existen carencias en la lucha contra la corrupción.
Explican que a día de hoy es difícil en la legislación española, normas, que en otros países se aplican con normalidad. Por ello, los expertos indican que las medidas en España son “insuficientes” para luchar contra la lacra de la corrupción y que amenaza con socavar la credibilidad del sistema democrático.
A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas señala que aquel funcionario o representante público que no tuviese nada que ocultar no debería tener ningún inconveniente en que sus cuentas fuesen analizadas si ese control contribuye a robustecer la confianza en el sistema democrático. Sin embargo, el gobierno de España se resiste a ceder y alega que es “incostitucional”.
