El banco que preside Manuel Menéndez pretendía ahorrar 80 millones de euros hasta 2017 sólo con la suspensión de las aportaciones a los planes de pensiones de sus trabajadores. Por segunda vez en apenas seis meses, la Audiencia Nacional ha dado un duro revés a Liberbank en lo que se refiere al ajuste laboral que la entidad ha llevado a cabo tras recibir 124 millones de euros de ayudas. La entidad que preside Manuel Menéndez, que se verá obligada a devolver 67 millones de euros a los trabajadores por el anterior ERE anulado (si el Supremo no dice lo contrario), ha visto como ahora el tribunal anula la suspensión de las aportaciones a los planes de pensiones, con la que pretendía ahorrar 80 millones de euros hasta 2017.
En una sentencia conocida ayer, la Audiencia Nacional desestimó la demanda presentada por el sindicato CSICA y el Comité de Oficinas de Asturias contra el ERTE firmado por Liberbank con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF, si bien estimó “parcialmente” la demanda en el punto referente a la suspensión de las aportaciones al plan de pensiones. Es decir, que el ajuste puede seguir adelante excepto en lo que se refiere a estas aportaciones, que deberán ser repuestas.
En concreto, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional decidió rechazar y anular la supresión de las aportaciones a los planes de pensiones de los trabajadores durante tres años por ser contrario a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. La Sala reconoce de este modo “el derecho de los trabajadores a ser repuestos en dichas aportaciones de previsión social, así como al abono de los daños y prejuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos”.
A la espera de si presenta un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, Liberbank deberá acometer las aportaciones a los distintos planes de pensiones en el grupo con los incrementos correspondientes en función de las rentabilidades alcanzadas en los mismos. La estimación de ahorro con estas suspensiones era de unos 20 millones de euros por cada año de aplicación del ERE temporal. Es decir, unos 80 millones de euros hasta 2017.
No es la primera vez que la Audiencia Nacional da un tirón de orejas a Liberbank y a los sindicatos firmantes por los acuerdos laborales alcanzados, hasta el punto de que el anterior ERE aprobado ya fue anulado por una sentencia. El 14 de noviembre de 2013, y estimando parcialmente la demanda presentada por CSI y STC-CIC, a la que se unieron CSICA, CSIF y APECASYC, la Audiencia ya decidió anular tanto el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) acordado por Liberbank con UGT y CCOO el 25 de junio de ese mismo año, como el ERTE unilateral que había anunciado unas semanas antes el banco.
La Audiencia Nacional entendió que hubo “vulneración de la libertad sindical”, y condenó al banco a “reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a la aplicación de las medidas”. Según los cálculos de los sindicatos que llevaron este ajuste laboral a los tribunales, el banco debería devolver a los empleados unos 67 millones de euros por las cantidades económicas detraídas. El propio banco cifró en unos 12.000 euros de media por cada empleado el coste de esta anulación.
No obstante, en una vista posterior, la Audiencia Nacional rechazó la ejecución de la sentencia a la espera del Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo que presentó Liberbank, y que se halla todavía pendiente de admisión y, en caso de ser admitido, de su posterior fallo. Los sindicatos demandantes se encuentran convencidos de que el Alto Tribunal también les dará la razón, al igual que la Audiencia Nacional, lo que obligaría ya al banco que preside Manuel Menéndez a devolver a los empleados las cantidades retraídas.
