Cajas de Ahorros

¿Conseguirá Guindos vender Catalunya Caixa?

Luis de Guindos, ministro de Economía

El mercado comienza a especular sobre un nuevo aplazamiento de la subasta de CatalunyaCaixa, en principio prevista para antes de agosto. La privatización de CatalunyaCaixa se ha convertido en un quebradero de cabeza para el ministro de Economía, Luis De Guindos, que no obstante sigue adelante con su intención de vender la entidad antes de agosto. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya se ha visto obligado dos veces a aplazar la subasta en los últimos años, y la batería de noticias negativas sobre la entidad que se han conocido en las últimas semanas comienza a hacer temer a algunos expertos que el fiasco vuelva a repetirse.

Por lo pronto, el FROB ha decidido dar una prórroga a los posibles interesados en hacerse con la entidad catalana, que ha costado ya 12.000 millones de euros a los contribuyentes. El plazo para la presentación de ofertas vinculantes se ha alargado hasta el 18 de julio, frente al anterior 14. Si es necesaria una segunda puja, la subasta podría resolverse en la semana que arranca el 21 de julio.

El principal problema, no obstante, no parece de tiempo, sino más bien de negocio. Según publicaba esta semana ElConfidencial.com, los bancos que están inspeccionando los libros habrían localizado unas pérdidas no cubiertas de unos 1.400 millones de euros, por lo que habrían insistido en un esquema de protección de activos (EPA) al que de momento se ha negado rotundamente el FROB.

Estas noticias han vuelto a generar dudas en el sector. En un reciente informe, los analistas de Banco Sabadell reflexionaban al respecto de esta información, para concluir que “lo razonable es que el Gobierno maximice el precio”. En ese sentido, “si vuelve a encontrar ofertas demasiado bajas, no descartamos un nuevo aplazamiento”. No obstante, estos expertos aclaran que continúan pensando que “el mejor escenario sería que se produjese la adjudicación antes del verano, como estaba previsto”.
Tal y como ya publicó El Boletín, algunos observadores del sector ponen en duda que la operación pueda ser lo suficientemente atractiva para alguno de los bancos que se han presentado a consultar los libros. El principal problema radica, explican, en que CatalunyaCaixa arrastra en su balance unos depósitos con unas rentabilidades muy altas en el lado del pasivo, y al mismo tiempo su cartera de crédito esta compuesta en su mayoría por hipotecas con bajos diferenciales. En otras palabras, el negocio que arrastra la entidad catalana no es rentable.

Analizado desde este punto de vista, estos expertos consideran que el que finalmente se quede con la entidad catalana deberá ser lo suficientemente fuerte para soportar que durante un plazo de al menos cinco años el negocio adquirido no será rentable.

Entre las entidades que han preguntado por CatalunyaCaixa se encuentran las cuatro grandes del sector en España: Banco Santander, CaixaBank (las dos favoritas), BBVA y Banco Popular. También podría haberse interesado la francesa Société Générale. Sea quien sea el que finalmente se haga con la catalana, lo más probable es que finalmente el FROB deba otorgar algún tipo de ayudas públicas si no quiere tener que suspender la subasta. La alternativa más probable al negado EPA pasa por los jugosos activos fiscales diferidos que acumula la entidad; En total, unos 5.500 millones de euros, si bien se estima que de ellos sólo unos 3.500 millones computan como capital tras la reforma impulsada el año pasado por el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Los DTA se generan cuando los bancos se anotan pérdidas o se ven obligados a realizar provisiones para cubrir riesgos de capitalización, como por ejemplo, las destinadas a cubrir el riesgo inmobiliario o el aumento de la morosidad, y que no son deducibles en el momento de realizarlas pero sí en un futuro. La nueva normativa sobre los activos fiscales diferidos convierte a éstos en créditos exigibles frente a la Administración tributaria, lo que permite que continúen siendo considerados como core Tier 1 (capital de máxima calidad) en la nueva normativa internacional de Basilea III, si bien no alcanza a todos ellos.

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